El Consejo Coordinador Empresarial, los 12 organismos que lo conforman, CEEG, Conméxico e Index, solicitaron formalmente a la Secretaría de Salud una serie de precisiones para la aplicación del ACUERDO de medidas preventivas para la mitigación del COVID-19 publicado el 24 de marzo. Las representaciones empresariales consideraron necesario aclarar el
a fin de determinar qué empresas del sector privado deberán prepararse para dar continuidad a sus operaciones.
En el escrito, los empresarios consideraron de vital importancia combatir el COVID19 médicamente, y a la vez tomar los recaudos necesarios para limitar la afectación económica y social. Por ello, presentaron a la autoridad un listado de sectores críticos y trabajadores esenciales necesarios para mantener los servicios y funciones de los que dependen los mexicanos a diario, y que deben poder operar de manera eficiente durante la respuesta a la pandemia del COVID-19, con todas las precauciones sanitarias correspondientes.
Asimismo, recalcaron que es importante que sea la Federación, la que dicte la normatividad aplicable para esta fase 2 y una posible fase 3, y de esta manera garantizar la certidumbre jurídica para la operación de estos sectores. De esta manera podrá haber uniformidad en los criterios de aplicación de los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar su eficaz implementación a nivel nacional.
De igual forma, recomendaron coordinar los esfuerzos para que a nivel federal, estatal o municipal no se limiten los horarios o se restrinja el acceso a las diferentes ciudades y poblados de la República Mexicana al transporte, para garantizar el abasto de productos y la provisión de servicios a la población durante esta pandemia.
Los organismos pidieron precisiones de interpretación para los casos de suspensión de actividades, y sobre la definición de los grupos sociales vulnerables.
Para adoptar con éxito las medidas preventivas que ayuden a mitigar y controlar los riesgos de salud de los trabajadores por el contagio del COVID-19, es indispensable instaurar un diálogo permanente entre el sector público y privado, señalaron.
En conjunto, será fundamental acordar las formas en que se puede proteger la economía de los trabajadores y sus familias, conservando las fuentes de empleo y evitando el cierre definitivo de unidades económicas, sobre todo de las MiPymes, ya que de no lograrlo se podría generar un desempleo alarmante con implicaciones graves para la economía nacional.