Por Esther Silvia Sánchez Barrios
Activista y defensora de los Derechos Ciudadanos en la Alcaldía Cuauhtémoc y lideresa del comercio popular en la Ciudad de México
La desigualdad es un factor determinante de las percepciones del acceso a la justicia en nuestra ciudad ya que la pobreza extrema constituye un grave problema de derechos humanos por la intensidad en su afectación hacia el goce y al ejercicio de Derechos Humanos plenos.
Considerando que los derechos humanos son indivisibles e inalienables. La ONU ha puntualizado que la violación de los derechos económicos, sociales y culturales generalmente trae aparejada una violación de los derechos civiles y políticos.
La discriminación estructural y exclusión social a la que están sometidos ciertos grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad hacen ilusoria su participación ciudadana, su acceso a la justicia y al disfrute efectivo de sus derechos.
La pandemia vino a empeorar todo en materia social, de salud y seguridad integral. Pues según un “pronóstico del banco mundial, los efectos de la pandemia de COVID-19, se calcula que ésta empujó entre 88 y 115 millones más de personas a la pobreza extrema, por lo que el total se situará entre 703 y 729 millones de pobres en el mundo.
Los políticos tenemos un gran reto para lograr que los derechos humanos sean garantizados para toda la ciudadanía, en especial para las poblaciones prioritarias. Por lo que debemos seguir legislando para erradicar las brechas de desigualdad.
Es importante repensar el tema de la gobernanza, desde la necesidad y viabilidad de gobiernos, instituciones y sistemas de acceso a la justicia en igualdad de condiciones. La garantía de que los derechos humanos sean protegidos en todos los niveles y sectores de la sociedad de manera sostenida y congruente dependen del desarrollo y consolidación de una ciudadanía plena, así como de una democracia participativa, efectiva y una ciudadanía bien informada, capaz de incidir en acciones concretas en favor de los mismos.
