La Sociedad Nacional de Industriales de Seguridad Privada A.C. (ASUME) reconocen y
valoran en la Conferencia Matutina del Pueblo, sobre la importancia de definir con claridad
quiénes pueden participar como coadyuvantes de la seguridad pública. En ese
sentido, coincidimos plenamente en que solo empresas de seguridad privada y sus
elementos formalmente constituidos, capacitados y regulados deben integrarse a
este esfuerzo, reiterando así, nuestro compromiso con una industria profesional, certificada
y regulada.
También en esas fechas, se construyó un proyecto de Ley General de Seguridad
Privada con la participación activa del sector, en un proceso de consenso con las
autoridades que en su momento encabezaban la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana como órgano regulador. Hoy, hacemos un llamado al Secretario Omar García
Harfuch para retomar este trabajo conjunto, revisar el proyecto en coordinación con
el sector y avanzar hacia su presentación en el Congreso, con el objetivo de lograr
finalmente una legislación que brinde certeza jurídica, combata la informalidad y fortalezca
la seguridad en el país.
“Estamos convencidos de que la seguridad privada debe ser parte de la solución y
no del problema. Para ello, necesitamos una regulación clara, nacional y homogénea
que brinde certeza jurídica, sancione la informalidad y permita una mejor
coordinación con las autoridades”, afirmó Armando Zúñiga Salinas, presidente de
ASUME.
Los beneficios de la Ley General de Seguridad Privada incluyen:
- Sancionar a empresas informales y exigir que todas cuenten con permisos,
certificaciones y registros ante el IMSS. - Garantizar servicios de calidad, estableciendo estándares de capacitación
obligatorios. - Reducir riesgos y atraer inversiones, promoviendo un entorno seguro y regulado.
- Fortalecer la colaboración público-privada, alineando esfuerzos con las
autoridades para mejorar la seguridad nacional. - Generar empleos formales, consolidando un sector que hoy emplea a más de 800
mil personas y que podría superar el millón con una regulación efectiva.
ASUME reitera su plena disposición al diálogo con las más altas autoridades del país,
con el fin de trabajar juntos en una legislación moderna, efectiva y realista que garantice un
sector seguro, confiable y alineado con los objetivos de pacificación nacional. - “Nuestro compromiso es con México. Estamos listos para aportar soluciones y
- trabajar con el Gobierno para construir un entorno más seguro, ordenado y regulado
- para todos”, concluyó Armando Zúñiga Salinas.
La industria de la seguridad privada es un sector de gran impacto en la generación de
empleo, representando aproximadamente el 2% del total de trabajadores registrados en
el IMSS, con cerca de 800 mil empleos formales en más de 8,000 empresas. Sin embargo,
en términos económicos, su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) nacional es
del 2%, según los datos más recientes del INEGI para el subsector de Servicios de
Investigación, Protección y Seguridad. Este segmento ha mostrado un crecimiento real
del 9.4% respecto al 2022, reflejando su dinamismo y relevancia dentro de la economía.
A pesar de esta importante participación, existe un número significativo de empresas
que operan sin registro ni supervisión, lo que genera incertidumbre jurídica, fomenta la
corrupción y debilita la colaboración con las autoridades. Por ello, una regulación adecuada
es clave para garantizar un entorno de seguridad confiable, profesional y alineado con las
necesidades del país.
Para garantizar que solo las empresas serias y comprometidas con la legalidad
participen en la seguridad del país, es fundamental contar con una Ley General de
Seguridad Privada que homogenice la regulación a nivel nacional y permita a las
autoridades supervisar, sancionar y fortalecer la calidad del sector.
UNA LEY QUE DÉ CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA AL SECTOR Y A LAS
AUTORIDADES.
Desde 2021, el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir una Ley General de
Seguridad Privada que armonice las regulaciones federales, estatales y municipales,
evitando las más de 500 contradicciones normativas que hoy complican la operación del
sector y facilitan la proliferación de empresas irregulares.
