● Frente a la intención de entregar viviendas a ocupantes irregulares a precios subsidiados,
exigimos que se priorice la legalidad y se resguarden los recursos de los derechohabientes.
● El INFONAVIT no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni
transferirlas a terceros sin vulnerar derechos de propiedad.
● Promover un programa que legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley
implicaría normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda.
Las organizaciones empresariales firmantes expresamos nuestra firme oposición a la
propuesta anunciada por el director del Infonavit sobre la regularización de viviendas
invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios
subsidiados. Esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con
institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores
que aportan a este fondo.
El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar
ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que
no les pertenecen. De las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría
del Bienestar, de un universo total de 843,000 —con una inversión de 700 millones de
pesos—, el 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo
jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios. Pretender que estos ocupantes
puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente.
Durante su conferencia del miércoles 18 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue
cuestionada por la prensa sobre la propuesta del Infonavit para entregar viviendas
invadidas. Reconocemos y valoramos la respuesta de la Presidenta, quien afirmó que
“la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a
quien le pertenece”, aclarando que no debe haber “malas interpretaciones” al respecto.
Es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del
Instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían
institucionalizar la ocupación irregular de viviendas. La certidumbre jurídica no puede
depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente
alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.
Desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó
del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si consideramos los créditos segregados, el
deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. Es decir, uno de cada tres financiamientos
otorgados presenta incumplimientos de pago. En lugar de regularizar los créditos vencidos
en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el
problema y compromete el futuro financiero del Instituto.
La administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a
acreditados con pagos vencidos. Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores,
incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit sino que siguen formando parte
del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna
situación pendiente con el pago de su crédito. Esto representa una vulneración directa al
derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.
Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas
y exigimos que las autoridades competentes —en especial la Asamblea del Infonavit—
detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley. El Instituto no
tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son
derechohabientes. Las funciones de atención a población no afiliada corresponden a otras
instancias, como la SEDATU o la CONAVI.
México necesita instituciones fuertes, que operen con responsabilidad, legalidad y
transparencia. En el sector empresarial, seguiremos alzando la voz para garantizar que el
patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco
de la ley.
Firmantes:
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB)
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX)
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (COMCE)
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)
