Por Armando Zúñiga Salinas
Vicepresidente Nacional de COPARMEX, Presidente de ASUME y Grupo IPS, Consejero del CCE y CONCAMIN.
La industria de la seguridad privada en México es uno de los pilares del entramado económico y social del país. Su papel se ha expandido de forma significativa, abarcando la protección de personas, bienes e infraestructura crítica, así como la colaboración activa en estrategias de prevención del delito, gestión de riesgos empresariales y procesos de innovación tecnológica.
El sector tiene un papel de primer orden en el empleo formal y en el dinamismo de la economía nacional. En los últimos cinco años, el sector ha crecido más del 13 %, un ritmo 3.6 veces mayor que el crecimiento de la economía nacional. Esta expansión no solo refleja su relevancia creciente, sino también el impacto que puede tener en la mejora de las condiciones laborales y la competitividad del país.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en mayo de 2025 la Industria de Servicios de Protección y Custodia registró 4,868 nuevos puestos de trabajo, lo que resulta muy significativo en un contexto en el que la economía mexicana en su conjunto perdió 45,624 empleos.
Actualmente suma un total de 458,237 empleos formales, equivalente al 2.05 % del empleo formal registrado en el país. Entre las 276 actividades en las que el Seguro Social clasifica a las empresas, ocupa el lugar número 11, lo que, sin duda, posiciona a este sector como un soporte de la economía nacional y de generación de oportunidades.
Desde una perspectiva económica, y considerando su creciente sofisticación, la seguridad privada representa un componente clave para la operación de múltiples industrias. Lejos de limitarse a seguridad física tradicional, muchas empresas ofrecen hoy soluciones integrales que incluyen inteligencia de riesgos, análisis de datos, tecnologías de videovigilancia con inteligencia artificial, ciberseguridad y protección ejecutiva avanzada. Esto refleja una tendencia global, la seguridad ya no es solo física, sino también digital, reputacional y operativa.
Este fenómeno no es exclusivo de México. A nivel internacional, la seguridad privada se ha consolidado como una industria de alto crecimiento, impulsada por la globalización de los riesgos, el auge de la infraestructura crítica, los conflictos geopolíticos y las nuevas amenazas digitales. En muchos países, se han desarrollado esquemas de colaboración entre empresas y autoridades para establecer estándares comunes, compartir información clave y consolidar mecanismos de respuesta ante incidentes, lo cual plantea una oportunidad para que México fortalezca su propio marco institucional.
No obstante, esta evolución enfrenta varios obstáculos estructurales en México. El primero es normativo. Aunque existe una Ley Federal de Seguridad Privada y marcos regulatorios estatales, la multiplicidad de criterios entre entidades federativas genera sobrecostos, duplicidad de requisitos y una falta de homologación que inhibe la profesionalización del sector y, sobre todo, incentiva la informalidad.
Se requiere un combate decidido a la informalidad, no solo por razones de legalidad, sino como elemento clave para elevar la competitividad de la economía nacional y, sobre todo, mejorar las condiciones de millones de trabajadores y sus familias.
Otro desafío es la capacitación y profesionalización del personal. Invertir en la dignificación del personal no solo es una exigencia ética, sino también una medida estratégica para elevar la calidad del servicio y la confianza social en la industria. Esto implica impulsar programas de certificación, esquemas de seguridad social y formación técnica continua, que deben ser parte integral de una visión de largo plazo que, como parte del sector, asumimos plenamente.
El contexto actual también presenta oportunidades estratégicas que pueden consolidar el papel de la industria. La inversión extranjera en sectores industrial y logístico incrementa la demanda de servicios de seguridad especializada para instalaciones de alto valor.
En un país donde la seguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas, la industria de la seguridad privada no puede ser vista como un actor aislado. Es necesario integrarla de manera más plena en los esquemas de seguridad ciudadana y coordinación institucional. Esto implica, entre otras cosas, generar canales efectivos de colaboración con autoridades, compartir información útil para la prevención del delito y establecer reglas claras de actuación ante situaciones de emergencia o riesgo. Se trata de una industria estratégica que, con la regulación adecuada, puede aportar al desarrollo económico, la paz social y la protección de las libertades.
