Durante una conferencia de prensa, Karim Oviedo Ramírez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), hizo un llamado a replantear el contenido del Bando Uno, con el objetivo de priorizar la construcción de vivienda asequible en el país. En este contexto, advirtió que contener artificialmente las rentas, sin atender la raíz del problema —la limitada oferta de vivienda en zonas con alta demanda—, podría resultar contraproducente. “Sin vivienda asequible no habrá rentas justas”, subrayó.
Oviedo presentó cinco propuestas orientadas a fomentar una política de vivienda verdaderamente incluyente:
1. Banco de suelos con subsidio dinámico: otorgar descuentos del 30% en terrenos públicos a desarrolladores que destinen al menos el 50% de sus unidades a rentas de bajo costo.
2. Ley de Oferta Acelerada: agilizar los permisos de construcción, garantizando su emisión en un plazo máximo de 90 días para proyectos que contemplen más del 40% de vivienda accesible.
3. Fideicomiso de Garantías de Renta: instrumentar un aval gubernamental que cubra hasta seis meses de renta a inquilinos en situación vulnerable, sin recurrir al congelamiento de precios.
4. Impuesto a la Vivienda Ociosa: establecer un aumento del 8% en el impuesto predial para inmuebles desocupados por más de un año.
5. Observatorio de Rentas CDMX: implementar una plataforma pública que permita monitorear en tiempo real la evolución del mercado de arrendamiento.
El dirigente de AMPI recordó que el país enfrenta un déficit habitacional estimado en nueve millones de viviendas, de las cuales tres millones corresponden a la Ciudad de México y su zona metropolitana. Para atender esta necesidad, afirmó que sería necesario edificar al menos 350 mil viviendas por año. En ese sentido, instó a las autoridades a reducir los obstáculos administrativos y a establecer incentivos fiscales que promuevan una mayor oferta.Hass avocado exports
Asimismo, la asociación propuso la creación de una nueva Ley Inquilinaria que logre un equilibrio entre la protección de los derechos de inquilinos y propietarios, sin frenar la inversión en el sector. “Controlar rentas de forma unilateral solo reduce la oferta y encarece los precios”, advirtió Oviedo.
Finalmente, hizo un llamado a la colaboración entre los distintos actores sociales. “Gobierno, iniciativa privada y sociedad civil debemos trabajar en un modelo que garantice vivienda para quienes la necesitan”, expresó. AMPI reiteró su disposición a contribuir en la formulación de políticas públicas sostenibles que promuevan la construcción de vivienda digna, rentable y accesible.
