Daniel Espinosa Ávila, presidente de AMESP, ha manifestado que el rezago legislativo que ha frenado la aprobación de la nueva Ley General de Seguridad Privada obstaculiza el desarrollo del sector en México.
En una asamblea celebrada en Playa del Carmen (Quintana Roo), Daniel Espinosa Ávila, presidente de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada (AMESP), manifestó que el rezago legislativo que ha frenado la aprobación de la nueva Ley General de Seguridad Privada limita el potencial del sector como coadyuvante de la autoridad y obstaculiza su desarrollo.
AMESP: el sector, coadyuvante de la seguridad pública
“Seguimos luchando por una legislación justa, adecuada y acorde a nuestras necesidades. A pesar de los desafíos, hoy renovamos nuestro compromiso con las autoridades federales, estatales y municipales porque somos coadyuvantes de la seguridad pública”, comentó el presidente de AMESP.
En este sentido, Espinosa Ávila observó que “es importante que las autoridades vean la fuerza que representa AMESP y el esfuerzo que hacen sus integrantes todos los días”. Y destacó que el sector genera más de 700.000 empleos formales y representa casi el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. “Estamos en un proceso de modernización y transición, adaptándonos a nuevas regulaciones para mejorar las condiciones laborales y profesionales de nuestros elementos”, señaló.
Ley General de Seguridad Privada: paralizada desde 2021
En lo referente al proyecto de Ley General de Seguridad Privada, se impulsó a finales de 2020. Ese año, los diputados mexicanos aprobaron facultar al Congreso de la Unión a expedir la nueva norma. En mayo de 2021, la Comisión Permanente del Senado emitió una declaratoria de reforma constitucional que facilitaba sacar adelante la ley. Sin embargo, la norma aún no ha visto la luz.
Desde entonces, tal y como ha informado Segurilatam, asociaciones como la propia AMESP, Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME), la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), el Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) han venido reclamando tanto la aprobación de la nueva Ley General de Seguridad Privada como la creación de la Cámara de la Industria de la Seguridad.
