La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sostuvo que la reforma electoral más adecuada es aquella que surge de la ciudadanía, protege los principios democráticos y fortalece a las instituciones. En ese sentido, consideró que no es momento de impulsar cambios que puedan profundizar la polarización y generar confrontación entre los mexicanos, cuando el país enfrenta desafíos urgentes en materia económica y de seguridad.

El organismo empresarial advirtió que, en el contexto actual de incertidumbre económica interna y externa, así como ante la necesidad prioritaria de garantizar seguridad, justicia y paz para generar condiciones propicias para la inversión, abrir la discusión de una reforma electoral resulta riesgoso e inoportuno.

Señaló que la intención de iniciar este debate y plantear modificaciones institucionales ocurre en un momento especialmente delicado, marcado por retos significativos en seguridad, hechos violentos en distintas regiones, revisión de compromisos con socios comerciales, incertidumbre económica y debilidades en el Estado de Derecho. Frente a este panorama, subrayó que México requiere estabilidad, eficacia institucional y resultados concretos, no discusiones que puedan profundizar la división.

COPARMEX destacó que la confianza de inversionistas nacionales e internacionales depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad. Advirtió que cualquier señal que sugiera un debilitamiento de la libertad democrática o de las instituciones incrementaría la incertidumbre, afectaría la inversión y limitaría la creación de empleos.

Asimismo, alertó que una reforma sin amplio consenso podría implicar riesgos respecto al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres, con posibles efectos en procesos de negociación como el T-MEC o en la renovación del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. La legitimidad de una reforma, enfatizó, no sólo depende de su legalidad, sino también de su origen, proceso y aceptación social.

El organismo recordó que desde la década de los noventa el sistema electoral mexicano se ha construido mediante acuerdos amplios, públicos e incluyentes, impulsados por la ciudadanía, la sociedad civil, la academia y las fuerzas políticas. Las reformas que otorgaron autonomía a las autoridades electorales y fortalecieron la pluralidad, apuntó, fueron resultado de conquistas sociales y no concesiones del poder.

Este proceso permitió consolidar un sistema que ha brindado estabilidad política, alternancia pacífica, certeza jurídica y gobernabilidad democrática. Aunque perfectible, ha demostrado ser uno de los pilares del desarrollo democrático nacional.

Finalmente, COPARMEX sostuvo que toda legislación electoral debe respetar cinco pilares fundamentales: la autonomía real de las autoridades electorales; la pluralidad legislativa que refleje la diversidad del país; una fiscalización sólida que garantice equidad; la inclusión de minorías; y la certeza jurídica mediante reglas claras y estables.

El organismo reiteró su disposición al diálogo respetuoso y a la construcción de acuerdos que fortalezcan la democracia, con responsabilidad institucional y visión de largo plazo, al tiempo que llamó a concentrar esfuerzos en atender los desafíos urgentes que impactan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del país

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