Por Armando Zúñiga Salinas
Vicepresidente Nacional de COPARMEX, Presidente de ASUME y Grupo IPS, Consejero del CCE y CONCAMIN.
El inicio de 2026 muestra indicios alentadores en materia de seguridad pública. Las primeras cifras del año apuntan a que la estrategia nacional comienza a rendir frutos, respaldada además por un elemento clave que el sector empresarial ha señalado de forma reiterada: la cooperación efectiva con Estados Unidos. Reconocer estos avances es importante, sobre todo después de un periodo prolongado de altos niveles de violencia e incertidumbre. Sin embargo, el optimismo debe ir acompañado de prudencia. No basta con mejorar los indicadores generales; el verdadero desafío es que esa mejoría se traduzca en condiciones tangibles en cada territorio.
La realidad es que el fenómeno de la violencia no se distribuye de manera homogénea en el país. Aunque algunos indicadores nacionales presentan avances, existen regiones donde la actividad criminal continúa afectando de forma directa la vida cotidiana, la operación de las empresas y las decisiones de inversión. El análisis, por tanto, debe realizarse en dos niveles: uno nacional, que refleja avances agregados, y otro local, donde persisten focos críticos que demandan atención específica.
Los datos recientes reportan una disminución relevante en homicidios dolosos y en diversos delitos patrimoniales, incluidos aquellos que impactan directamente al sector productivo. Estos resultados son positivos y merecen reconocimiento. No obstante, la experiencia mexicana aconseja evitar celebraciones anticipadas. La historia reciente demuestra que las tendencias pueden revertirse si no se consolidan con políticas sostenidas y focalizadas.
Al revisar los 50 municipios con más de 50 mil habitantes que registran las mayores tasas de homicidio doloso, se delinean corredores claramente identificables. Se observan concentraciones en la franja del Pacífico —desde Oaxaca y Guerrero hasta Colima, Sinaloa, Sonora y Baja California—, así como en zonas específicas de Guanajuato, Michoacán y Morelos. También destaca un eje que conecta Sinaloa con el sur de Chihuahua y Ciudad Juárez. En estos territorios, la seguridad requiere intervenciones diferenciadas, inteligencia operativa y coordinación constante entre autoridades.
Para el sector empresarial, esta lectura territorial es fundamental. La gestión de riesgos no puede sustentarse únicamente en promedios nacionales. Exige análisis municipal, evaluación de rutas logísticas, revisión de cadenas de suministro y protocolos ajustados a cada región y actividad económica. Cuando la violencia se concentra en determinados puntos, también lo hacen los costos: mayores gastos en seguridad, cambios de itinerario, primas de seguros más elevadas, retrasos operativos y decisiones de inversión postergadas o canceladas.
A ello se suman episodios de violencia extraordinaria, como los registrados el 22 de febrero, que ponen a prueba no solo los indicadores delictivos, sino la capacidad del Estado para garantizar movilidad, libre tránsito y continuidad económica. En este contexto, es pertinente reconocer la actuación coordinada de las Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad, cuya respuesta evidenció mayor capacidad de reacción ante situaciones de alta complejidad. Al mismo tiempo, es obligado expresar solidaridad con las familias de los elementos de seguridad que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.
La inseguridad no solo tiene efectos policiales; impacta la gobernabilidad, la confianza institucional y la estabilidad económica. Interrupciones carreteras, afectaciones a cadenas productivas y cierres temporales de comercios generan un entorno de incertidumbre que trasciende las estadísticas. Por ello, la comunicación responsable y la colaboración entre autoridades, sector privado y sociedad civil resultan indispensables.
Los avances de este arranque de año deben asumirse con equilibrio: reconocer la mejoría, pero mantener la exigencia. Persisten regiones bajo presión y delitos con alta capacidad de afectación a la economía formal. El objetivo de 2026 no puede limitarse a reducir cifras; debe centrarse en consolidar la tendencia, evitar retrocesos y garantizar seguridad efectiva para personas, empresas y regiones estratégicas.
México requiere resultados sostenidos que fortalezcan el estado de derecho en los territorios más vulnerables. Si se mantiene la tendencia favorable y se intervienen con éxito los corredores críticos, el país podría comenzar a experimentar un cambio estructural en materia de seguridad, con efectos directos en la certidumbre y el desarrollo económico
