La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que el proceso de designación de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) representa una oportunidad clave para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el país.
Ante el proceso que actualmente se desarrolla en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el organismo empresarial subrayó que la experiencia probada, la capacidad profesional y la independencia institucional deben ser condiciones indispensables para quien encabece el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
La Coparmex destacó que el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización ha sido una exigencia histórica tanto del sector empresarial como de la sociedad civil, con el objetivo de combatir la corrupción, garantizar un uso eficiente del gasto público y asegurar que los recursos de los contribuyentes se traduzcan en bienes y servicios que realmente mejoren la calidad de vida de la población.
El organismo reconoció que la elección del auditor superior corresponde al Poder Legislativo y que debe realizarse conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución. No obstante, consideró fundamental que el proceso se lleve a cabo con apertura, pluralidad y criterios técnicos claros, de manera que la persona designada cuente con la legitimidad necesaria para ejercer una función estratégica en la supervisión del uso del dinero público.
La Auditoría Superior de la Federación, recordó Coparmex, es uno de los principales instrumentos del país para vigilar la correcta aplicación del presupuesto federal, el cual supera los 9 billones de pesos anuales, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025. La magnitud de estos recursos exige instituciones sólidas, independientes y con alta capacidad técnica para detectar irregularidades, promover sanciones y garantizar que cada peso del erario se utilice conforme a la ley.
En este contexto, el sector empresarial consideró especialmente relevante fortalecer a las instituciones encargadas de vigilar el uso del presupuesto público, particularmente en un momento en el que diversos mecanismos de control, transparencia y participación ciudadana han enfrentado procesos de debilitamiento o desaparición.
Asimismo, enfatizó que la fiscalización superior debe ejercerse con autonomía, profesionalismo y apego a los más altos estándares internacionales de auditoría. La vigilancia activa del gasto público, señaló, contribuye no solo a prevenir prácticas indebidas, sino también a fortalecer la certeza jurídica, la credibilidad institucional y el adecuado funcionamiento de la vida democrática.
Coparmex también planteó la necesidad de avanzar hacia una fiscalización más robusta que no se limite a revisiones formales, sino que incorpore metodologías de auditoría forense que permitan prevenir desvíos de recursos, fortalecer los controles institucionales y asegurar que el presupuesto público se traduzca en resultados concretos para la población.
Finalmente, la organización empresarial reiteró su disposición para seguir promoviendo una cultura de legalidad, transparencia y responsabilidad en el país. Señaló que México requiere instituciones firmes, reglas claras y autoridades que actúen con integridad para garantizar que los recursos públicos se administren con eficiencia, honestidad y estricto apego a la ley.
