Por Armando Zúñiga Salinas
Presidente de ASUME
La seguridad de una nación ya no puede entenderse exclusivamente como una responsabilidad de las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiales. En un mundo donde las amenazas evolucionan constantemente, proteger la infraestructura, las empresas, las cadenas de suministro, las comunicaciones y la actividad económica se ha convertido en una responsabilidad estratégica que exige la participación coordinada de distintos actores. En este contexto, México está dando un paso histórico.
La publicación del libro “La seguridad privada en el Estado mexicano”, realizada por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (IMEESDN), de la Secretaría de la Defensa Nacional, en colaboración con ASUME, representa un acontecimiento sin precedentes para el reconocimiento académico e institucional de nuestra industria.
Tuve el honor de coordinar esta obra junto con Carlos Matute González y Jaime Domingo López, con la participación de especialistas civiles y militares que aportaron sus conocimientos, investigaciones y experiencias.
Su presentación en CONCAMIN, acompañados por los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, y de COPARMEX, Juan José Sierra, así como por representantes de CONCAMIN, confirmó que la seguridad privada tiene un lugar cada vez más relevante en la agenda empresarial.
Posteriormente, su presentación en la Universidad de Defensa Nacional, durante la Segunda Feria Militar del Libro, reafirmó la importancia de abrir espacios de reflexión entre el sector privado y las instituciones responsables de la seguridad y defensa de nuestro país.
No estamos hablando solamente de la publicación de un libro. Estamos hablando de un cambio de paradigma: reconocer que la seguridad privada debe ocupar un lugar estratégico dentro del ecosistema de seguridad nacional.
El mundo ya reconoce el valor estratégico de la seguridad privada
La experiencia internacional demuestra que los países que han avanzado en la integración y profesionalización de la seguridad privada han encontrado oportunidades para fortalecer sus sistemas de prevención, protección y coordinación institucional.
España constituye uno de los ejemplos más importantes. Su Ley 5/2014 de Seguridad Privada reconoce expresamente el carácter complementario de esta actividad respecto de la seguridad pública y establece mecanismos de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El modelo español demuestra que es posible construir una relación institucional regulada, en la que las empresas y los profesionales de seguridad privada contribuyan a la prevención, proporcionen información relevante y colaboren con las autoridades, sin sustituir las funciones que corresponden al Estado.
Colombia representa otra experiencia relevante para América Latina. Su Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, establecido mediante el Decreto Ley 356 de 1994, regula una industria que incluye vigilancia, escoltas, transporte de valores y medios tecnológicos, bajo la supervisión de una autoridad especializada.
La experiencia colombiana demuestra la importancia de contar con instituciones regulatorias, requisitos de operación y obligaciones de colaboración con las autoridades. También ofrece lecciones sobre la necesidad de combatir la informalidad y elevar permanentemente la calidad de los servicios.
Por su parte, Estados Unidos ha desarrollado un enfoque particularmente relevante en materia de protección de infraestructura crítica.
A través de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), promueve mecanismos de cooperación entre gobierno y sector privado para identificar riesgos, intercambiar información y fortalecer la resiliencia de sectores esenciales como energía, transporte, comunicaciones, servicios financieros y tecnología.
Aunque este modelo comprende a propietarios y operadores privados de infraestructura, y no exclusivamente a empresas de seguridad privada, demuestra un principio fundamental: la seguridad nacional también depende de la capacidad del sector empresarial para proteger los activos y servicios indispensables para el funcionamiento del país.
Estos tres modelos tienen diferencias jurídicas e institucionales, pero comparten una enseñanza: la seguridad moderna requiere coordinación, profesionalización, tecnología y una participación responsable del sector privado.
México: una industria indispensable para la economía
En nuestro país, la seguridad privada representa una industria de enormes dimensiones, con cientos de miles de trabajadores y un universo laboral que, considerando sus distintas modalidades y actividades relacionadas, se aproxima al millón de empleos.
Sin embargo, su verdadera importancia va mucho más allá de su capacidad para generar fuentes de trabajo.
Todos los días protegemos parques industriales, centros de distribución, aeropuertos, hospitales, universidades, instalaciones estratégicas, corporativos, comercios, infraestructura tecnológica y miles de empresas que sostienen la actividad económica nacional.
Pensemos en lo que representa la seguridad para una empresa automotriz, una instalación energética o una compañía de logística.
Una interrupción provocada por un incidente de seguridad puede significar pérdidas económicas, incumplimiento de contratos, afectaciones a trabajadores y daños a cadenas de suministro nacionales e internacionales.
Por ello, la seguridad privada no debe verse únicamente como un gasto operativo, sino como una inversión que protege la productividad, la competitividad y la confianza para invertir en México.
En un país que busca aprovechar la relocalización de inversiones, fortalecer su integración comercial con América del Norte y atraer proyectos industriales de alto valor, la seguridad constituye un factor determinante para el desarrollo.
La oportunidad histórica de México
Desde ASUME, organismo cúpula que integra a más de 30 asociaciones del ecosistema de seguridad privada, hemos trabajado durante años para construir una representación unificada, fortalecer el reconocimiento institucional de nuestra industria y promover un marco regulatorio moderno.
Uno de los avances más importantes ha sido la reforma constitucional al artículo 73, que abrió el camino para expedir una Ley General de Seguridad Privada y consolidar su reconocimiento como actividad auxiliar de la seguridad pública.
Sin embargo, todavía tenemos importantes desafíos.
Necesitamos homologar regulaciones, fortalecer la profesionalización, combatir la informalidad, establecer estándares nacionales de capacitación y certificación, e impulsar mecanismos institucionales de colaboración e intercambio de información con las autoridades competentes. También debemos acelerar nuestra transformación tecnológica.
La seguridad privada del futuro no puede depender exclusivamente de la presencia física de personal.
La inteligencia artificial, la videovigilancia inteligente, la analítica predictiva, los sistemas de monitoreo, la ciberseguridad, los drones y la automatización están modificando profundamente nuestra industria.
El futuro de la seguridad privada está en combinar tecnología de vanguardia con personal altamente especializado, capacitado y comprometido con la protección de las personas.
Esta transformación debe acompañarse de una mayor dignificación laboral. Una industria estratégica necesita profesionales reconocidos, bien preparados y con oportunidades reales de desarrollo.
De la seguridad empresarial a la seguridad nacional
Considero que uno de los mayores aportes del libro es abrir una discusión que México no puede seguir postergando.
La seguridad pública y la seguridad privada tienen funciones distintas, pero ambas contribuyen, desde sus respectivas responsabilidades, a la protección de las personas, las instituciones y las actividades esenciales del país.
La seguridad privada no sustituye a las policías ni a las Fuerzas Armadas. Su contribución debe darse dentro de un marco jurídico claro, con mecanismos de coordinación, supervisión y respeto a los derechos humanos.
Pero tampoco podemos ignorar que los profesionales de nuestra industria tienen presencia cotidiana en miles de instalaciones y actividades estratégicas.
Esa capacidad preventiva, tecnológica y operativa puede convertirse en un importante recurso de colaboración institucional.
México debe avanzar hacia un modelo de seguridad colaborativa que aproveche las mejores prácticas internacionales y reconozca el valor de las capacidades públicas y privadas.
La publicación de La seguridad privada en el Estado mexicano representa un punto de partida para esta nueva etapa.
Agradezco a la Secretaría de la Defensa Nacional, al General Ricardo Trevilla Trejo y al IMEESDN, dirigido por el General retirado Eduardo Emilio Zárate Landero, por abrir este espacio de reflexión estratégica y contribuir al reconocimiento de nuestro sector.
Desde ASUME asumimos este acontecimiento no solamente como un reconocimiento, sino como un compromiso para seguir impulsando la profesionalización, la legalidad, la innovación y la colaboración institucional.
México tiene la oportunidad de construir un modelo de seguridad privada moderno, profesional y tecnológicamente avanzado, capaz de contribuir a la prevención del delito, la protección de la infraestructura estratégica y la continuidad de nuestra economía.
Porque proteger una empresa es proteger empleos. Proteger una cadena de suministro es proteger la competitividad. Y proteger las actividades productivas de nuestra nación es contribuir a su estabilidad y desarrollo.
La seguridad privada ya no puede ser vista únicamente como una industria de vigilancia. Es un actor estratégico para la seguridad, la inversión y el futuro de México.
Y ha llegado el momento de darle el lugar que merece.
