Por Enrique Bustamante
 Mundo Empresarial | COPARMEX
 17 de noviembre de 2026

México comienza a mostrar señales de recuperación económica que merecen reconocerse. Sin embargo, detrás de los indicadores de crecimiento existe una realidad que preocupa a quienes todos los días abren un negocio, dirigen una empresa, sostienen una planta productiva o toman decisiones de inversión. La economía avanza, pero las condiciones para producir, competir y generar empleos siguen enfrentando obstáculos importantes. Entre ellos, la inseguridad se ha convertido en uno de los costos más difíciles de administrar.

De acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto creció 3.2% anual durante el tercer trimestre de 2026, un resultado alentador después de un periodo de bajo dinamismo. La cifra confirma que México tiene capacidad de recuperación y que existen sectores capaces de impulsar nuevamente la actividad económica.

No obstante, los datos más recientes de la industria invitan a moderar el entusiasmo. En septiembre, la actividad industrial registró una contracción mensual de 1.4%, mientras que las manufacturas retrocedieron 1.7% y la construcción disminuyó 2.0%. Aunque estas variaciones corresponden a un periodo distinto al del crecimiento trimestral del PIB y no deben interpretarse como una contradicción directa, sí muestran que la recuperación todavía enfrenta fluctuaciones importantes.

Para las empresas, esta diferencia resulta especialmente relevante. Una economía puede registrar crecimiento en sus indicadores generales y, al mismo tiempo, mantener dificultades que impiden consolidar inversiones, ampliar operaciones o generar nuevos puestos de trabajo. La verdadera fortaleza económica se construye cuando el crecimiento logra sostenerse y alcanza a un mayor número de empresas y trabajadores.

A esta realidad se suma un problema que pocas veces ocupa el lugar que merece en la conversación económica: el costo de la inseguridad.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2026, publicada por el INEGI el pasado 10 de noviembre, revela que durante 2025 aproximadamente 1.4 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, equivalentes al 25.9% de las unidades económicas del país. En conjunto, estos negocios enfrentaron alrededor de tres millones de delitos.

El impacto financiero es considerable. El costo total de la inseguridad y la delincuencia para las unidades económicas se estimó en 115,100 millones de pesos, expresados a precios constantes de 2018. De ese monto, 58,900 millones correspondieron a medidas preventivas. Es decir, una parte sustancial de los recursos que las empresas destinaron a enfrentar la delincuencia se utilizó incluso antes de que ocurriera un delito.

Detrás de estas cantidades existe una realidad cotidiana que merece observarse con atención. Para un pequeño empresario, contratar vigilancia, instalar cámaras, reforzar accesos o modificar sus rutas de distribución puede representar una presión adicional sobre sus finanzas. Para una empresa mediana, destinar más recursos a seguridad puede reducir el margen disponible para adquirir maquinaria, capacitar trabajadores o ampliar instalaciones.

No todos estos gastos responden a las mismas circunstancias y sería incorrecto atribuir cada decisión de inversión a la delincuencia. Sin embargo, el problema de fondo es evidente: cuando operar con seguridad requiere recursos extraordinarios, la competitividad empresarial enfrenta una carga adicional.

La extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas durante 2025. Otro dato resulta particularmente preocupante: en 91.8% de los delitos no se presentó una denuncia o no se abrió una carpeta de investigación. Esta elevada cifra oculta revela la distancia que todavía existe entre la experiencia de las empresas y la capacidad institucional para registrar, investigar y atender los hechos delictivos.

Conviene reconocer también que hubo una mejoría en la proporción de establecimientos afectados, que pasó de 27.2% en 2023 a 25.9% en 2025. Es un avance que no debe ignorarse. Pero tampoco puede considerarse suficiente mientras aproximadamente uno de cada cuatro establecimientos siga enfrentando directamente las consecuencias de la delincuencia.

Desde una perspectiva empresarial, la seguridad tiene una relación profunda con la confianza. Quien decide instalar una fábrica, abrir una sucursal o ampliar una línea de producción necesita evaluar el mercado, el financiamiento y la disponibilidad de talento. También necesita saber que podrá transportar mercancías, proteger a sus trabajadores y desarrollar sus actividades dentro de un entorno de legalidad.

Esta reflexión adquiere mayor importancia cuando observamos las señales recientes de la industria mexicana. La desaceleración de un mes no puede explicarse únicamente por la inseguridad; intervienen factores como la demanda, los costos de producción, las condiciones financieras y el entorno comercial internacional. Pero los riesgos de seguridad se agregan a esas presiones y pueden hacer todavía más complejas las decisiones empresariales.

México cuenta con ventajas que sería un error minimizar. Nuestra ubicación geográfica, la integración comercial con América del Norte, la experiencia manufacturera y la capacidad de millones de trabajadores representan oportunidades importantes para consolidar una economía más productiva.

Aprovecharlas exige actuar sobre los obstáculos que enfrentan las empresas. Se necesita infraestructura suficiente, energía confiable, disponibilidad de agua, personal capacitado y reglas claras para invertir. Y dentro de esa misma agenda debe ocupar un lugar prioritario la seguridad.

El reto requiere una respuesta institucional que vaya más allá de las medidas de vigilancia. Es necesario fortalecer la investigación de los delitos, facilitar los mecanismos de denuncia, mejorar la coordinación entre autoridades y atender los riesgos que afectan tanto a los establecimientos como al transporte de mercancías. La confianza en las instituciones también forma parte de un entorno favorable para la inversión.

El sector empresarial tiene un papel importante mediante la colaboración, la prevención y la participación en los espacios de diálogo público. Sin embargo, garantizar condiciones de seguridad y hacer cumplir la ley corresponde fundamentalmente al Estado. Las empresas deben concentrar su capacidad y sus recursos en producir, innovar, competir y generar oportunidades.

Hay una dimensión humana que no podemos perder de vista. Detrás de cada negocio afectado existe una persona que asumió riesgos para emprender, una plantilla de trabajadores que depende de su continuidad y familias cuyos ingresos están vinculados con esa actividad. Cuando una empresa reduce operaciones, pospone una contratación o renuncia a expandirse por los riesgos que enfrenta, las consecuencias pueden alcanzar a toda su comunidad.

Por eso, hablar de competitividad obliga a mirar más allá de los indicadores tradicionales. El crecimiento del PIB es una buena noticia, pero su verdadero alcance debe medirse también en la capacidad de las empresas para desarrollarse en condiciones de certidumbre.

México tiene la oportunidad de aprovechar la recuperación económica y fortalecer su actividad industrial. Para conseguirlo, es indispensable que el crecimiento se acompañe de políticas que eleven la productividad y reduzcan los obstáculos que enfrentan quienes invierten y trabajan.

La pregunta que deberíamos hacernos es sencilla: ¿cuánto más podría crecer México si una parte de los recursos que hoy se destinan a enfrentar la inseguridad pudiera invertirse en tecnología, expansión y empleos?

No existe una respuesta única, ni sería responsable convertir todo ese gasto en una promesa automática de crecimiento. Pero la pregunta señala una prioridad que no podemos seguir postergando.

Porque una economía verdaderamente sólida no debería medirse solamente por su capacidad de crecer en las estadísticas, sino también por las condiciones que ofrece a sus empresas para prosperar.

El desafío de México es que sus empresas puedan dedicar más esfuerzos a crecer y menos recursos a protegerse.

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