Puede considerarse que la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se trata de una empresa que presta servicios de seguridad privada, pero al ser complementaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no necesita un permiso para laborar, sin embargo, ello genera inconsistencias, advirtió Raúl Sapién Satos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
«No tienen que cumplir con toda la carga normativa en materia de outsourcing o fiscal como las demás empresas, es decir, ofrecen el mismo producto, pero sin cumplir con las leyes en la materia», explicó el experto.
Sapién Santos dijo que según la SSC, en la Ciudad de México hay mil 139 empresas de seguridad privada registradas (que tienen permiso).
Tras ello, alertó que de seis mil empresas del ramo que hay en el país, alrededor de 3 mil 600 son “patito”, toda vez que carecen de los permisos necesarios para operar.
Mencionó que el modus operandi de estas compañías es llegar a una localidad, rentar una oficina, reclutar guardias, prestar el servicio y luego emigrar a otras entidades.
Dijo que además no pagan prestaciones sociales como aportaciones al IMSS o al Infonavit, por lo que significa que en ellas hay una actividad que genera utilidad ilegal.
ESPERAN NORMATIVA
Resaltó que en el Congreso de la Unión sigue pendiente la Ley General que establecerá las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de este servicio en el país.
«Estas empresas implican un riesgo: no capacitan a sus guardias, lo que propicia que no reaccionen de manera adecuada en momentos críticos. Tampoco garantizan un servicio confiable y no cumplen con protocolos como verificar que sus elementos no tengan antecedentes penales», recriminó.
