La piratería de libros en México se encuentra en una situación alarmante según las cifras estimadas por el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro) que indican que durante el sexenio de López Obrador la piratería de libros en papel aumentó casi un 10%, y la piratería digital registro un aumento de 12%. Lo que significa en palabras de Qutzalli de la Concha, vicepresidenta y consejera legal de CeMPro, en entrevista con El Universal, que «iniciamos un sexenio en el cual cuatro de cada 10 libros que se leían en México eran piratas, y ahora son cinco de cada 10. Y en temporada escolar ese porcentaje aumenta».
La abogada especialista en derecho de autor alerta no solo del crecimiento de la piratería sino que pone en el foco el hecho de que desde las autoridades competentes no se haya hecho un solo operativo contra estos delitos y que sus llamados a hacerlos no tuvieron eco en la Fiscalía Especializada de Delitos Especiales, ni a nivel federal ni tampoco a nivel Ciudad de México, ciudad que sigue siendo el gran mercado pirata.
«En este sexenio se suspendieron todos los operativos. No hubo un solo operativo en vía pública para poder contener el problema de la venta de piratería, de hecho, no sólo por la cuestión de libros, pero vimos con mucha preocupación que, material que en el sexenio previo había sido asegurado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, se decidió repartir entre la población, y estamos hablando de que se pensaría ¿qué de malo puede tener un sartén pirata o un volteador de cocina o una cuchara de cocina pirata?, pues que justo las empresas que legítimamente hacen ese tipo de artículos trabajan bajo las directrices nacionales e internacionales de seguridad, de salud, de manejo de plástico, de metales, de erradicación de plomos, y eso por supuesto al pirata le tiene sin cuidado», afirmó De la Concha.
Esta problemática está afectando de manera gravísima a la creación literaria en un país como México, según Qutzalli de la Concha «Si tenemos autores y editoriales que se están siendo mermados por la delincuencia organizada con este negocio ilícito de los piratas, pues eso lleva a que haya menor producción de contenidos y menos producción literaria nacional; y aunque se integró como uno de los temas a tratar en la Estrategia Nacional de Lectura, no tuvimos eco por parte de las autoridades en materia de seguridad. Nunca se pudieron concretar esas voluntades en acciones o en operativos y eso nos llevó a un escenario que ahorita es bastante catastrófico en piratería física».
En 2020, con la pandemia por la Covid-19, uno de los sectores afectados fueron las librerías, que permanecieron cerradas porque no eran consideradas de primera necesidad; mientras «los piratas vendían los libros piratas en la calle y en la temporada escolar todos los piratas salieron a vender mientras a los libreros y a las editoriales les prohibieron comercializar de manera normal y regular sus libros y sus contenidos. Eso también reforzó el poder económico de estas redes de delincuencia organizada que producen esta piratería», afirmó Quetzalli de la Concha.
La abogada apunta una producción altísima en todo tipo de contenidos, contenidos educativos, contenidos de interés general, y dice que es necesario entender que quien vende el producto en la vía pública no es quien lo produce, y que los productores del material pirata lo realiza a altísima escala.
«Te estoy hablando de que hemos tenido hallazgos de bodegas o de imprentas clandestinas que hacen en un par de días tirajes de 20.000 ejemplares para poner a circular alguna novedad de interés general. Estimamos que por ejemplo en libros de educación básica, en libros para aprender a leer, más o menos están teniendo una producción anual de arriba de 200.000 ejemplares que distribuyen por todo el país; lo cual, afecta en mucho sentidos».
En la misma entrevista, Quetzall de la Conche habla también de la extorsión a la industria editorial. «Lo hemos visto principalmente con distribuidores, con libreros, de hecho en alguna ocasión con libreros tuvimos reuniones para hablar sobre el tema porque la distribución de piratería ya no solo es en vía pública, también es en algunos establecimientos y nos comentaban que habían visto casos, principalmente en la zona de Bajío, en donde quienes habían denunciado que en algún otro local se vendía piratería habían sufrido consecuencias, desde amenazas hasta que les hayan incendiado sus establecimientos. Ahí lamentablemente se ve clara la radiografía de qué tan metida está la delincuencia organizada, en querer además ahora defender sus espacios de venta».
Lo que parece claro es que, si en 2019, Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica, quería «forzar que el conjunto de la industria editorial baje sus precios», para conseguir ampliar los índices de lectura; la administración de López Obrador ha conseguido forzar a que el conjunto de la industria editorial mexicana tenga cada día más dura la lucha por su supervivencia.
Ya en 2019, en esta mismas páginas recordaba la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura en México de 2015. En ella, los no lectores también tenían la oportunidad de expresar los motivos por los que no leían. El 67,1% de ellos dijo que por falta de tiempo, un 25,3% por problemas de visión, un 22,5% porque no le gusta leer, un 22,3% por que la lectura es aburrida, un 10,7% por cansancio, un 9,6% afirmó preferir otras actividades a la lectura, y, finalmente, un 9,5% afirmó que el precio del libro era uno de los motivos por los que no leían.
El principal motivo de que los índices de lectura en México sean bajos no es, ni ha sido nunca, el precio de los libros. Tampoco la falta de librerías. Abaratar los libros no los ha hecho más atractivos. Frente a una intención clara de intervenir el mercado del libro que propugnó en su arranque la administración de López Obrador, nos encontramos con una permisividad extrema frente a la piratería, la exclusión de la industria editorial mexicana Proyecto de libros de texto gratuitos… Medidas que, no solo no van a conseguir que se amplíen los porcentajes de lectura en México, sino que están dañando al ecosistema editorial mexicano y, con él, a los creadores y creadoras.
Esta claro que todo estado que se precie debe defender a sus creadores y, por tanto, luchar contra la piratería. Pero además, debería favorecer que esa piratería no existiera, y uno de las formas de eliminarla es que no sea rentable. Vuelvo a remontarme a la Encuesta nacional de lectura y escritura de México de 2015 en la que un 57% de los encuestados respondió que una de las principales limitaciones que tenían para leer era la ausencia, en su entorno, de una biblioteca o de un lugar de fomento de la lectura.
La mejora de la educación, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, incluyendo la universalización del acceso a internet son medidas que repercuten de manera clara en el fomento de la lectura. Y ante, esto, cabe preguntarse, ¿cuántas medidas encaminadas a la creación de bibliotecas, a dar a la población la posibilidad de leer gratuitamente a través de una biblioteca digital el último bestseller, se han tomado en México en los últimos 6 años.
