• La extorsión mantiene en una situación crítica a los empresarios y continúa limitando la operación, la inversión y el crecimiento económico.
• En 2025, este delito aumentó en 20 de las 32 entidades federativas, lo que evidencia su expansión en casi dos tercios del territorio nacional.
La extorsión se ha consolidado como uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), no se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que incide directamente en las decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, especialmente en determinadas regiones del país.
Al cierre de 2025, los datos abiertos de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan una paradoja preocupante: mientras algunos delitos muestran señales de reducción, la extorsión se consolida como un delito de carácter estructural que continúa expandiéndose y afectando de manera directa la operación de las empresas, sin evidencias claras de una contención efectiva. Además, el incremento observado desde 2015 se sustenta únicamente en los casos denunciados, lo que no refleja la dimensión real del problema, ya que diversas estimaciones advierten que, al considerar la cifra negra, el crecimiento de este delito sería aún mayor.
El balance de la última década confirma que la problemática no es coyuntural. En comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de 6 mil 223 a 11 mil 81, lo que representa un incremento cercano al 78.1% en diez años, reflejando una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local y la generación de empleo formal.
A nivel estatal, la extorsión presenta una concentración crítica que evidencia fallas estructurales en su contención. Cinco entidades —Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— concentran 65.2% del total de víctimas, mientras que las diez entidades con mayor número de casos acumulan el 81.0% a nivel nacional. Durante 2025, 20 de las 32 entidades federativas registraron un aumento anual en este delito, lo que confirma su crecimiento en casi dos tercios del país. Entre los incrementos más relevantes destacan Tlaxcala, con un aumento de 1,300%; Chiapas, con 364.3%; Ciudad de México, con 264.4%; Nayarit, con 171.4%; Yucatán, con 100%; y Puebla, con 84.4%, todos con variaciones de dos y hasta tres dígitos.
Al analizar la tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes y considerar únicamente los 20 municipios con los niveles más altos del país, se observa una marcada concentración territorial. Guanajuato aporta ocho municipios a este grupo, la Ciudad de México concentra cuatro y Nuevo León cuenta con dos. Esta disparidad confirma que la efectividad de las estrategias locales resulta determinante y que la ausencia de acciones contundentes facilita la rápida expansión del delito.
En las regiones fronterizas, la extorsión también mantiene una trayectoria ascendente. El 17.35% de los casos se concentra en entidades colindantes, de los cuales 12.27% corresponde a la frontera norte y 5.07% a la frontera sur. Al analizar la evolución anual por región, la frontera sur destaca por registrar el mayor crecimiento, con un incremento de 37.4%, frente al 7.9% observado en la frontera norte, lo que confirma una presión creciente sobre corredores logísticos, cadenas de suministro y economías regionales estratégicas.
Esta tendencia coincide con la experiencia directa de las empresas. Los resultados de #DataCoparmex, a través del indicador #MásSeguridad, muestran que 46.8% de las empresas fue víctima de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo ilícito con mayor número de casos. El 68.8% de los eventos ocurrió vía telefónica y en 31.2% de las denuncias el cobro estuvo vinculado con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y debilita la confianza en las instituciones responsables de garantizar el Estado de Derecho.
Ante este escenario, COPARMEX ha señalado que la extorsión debe colocarse como una prioridad nacional de política pública. Si bien resulta relevante la aprobación de la Ley General para combatir este delito, el organismo empresarial considera indispensable que los gobiernos locales, con carácter urgente, constituyan unidades especializadas dentro de las Fiscalías Estatales para su atención. Fortalecer el Estado de Derecho, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos que operan al margen de la ley es clave para proteger la inversión, preservar el empleo formal y asegurar que las empresas puedan operar sin coerción.
Finalmente, COPARMEX informó que dará seguimiento puntual a la canalización de presupuestos y a la conformación de las estructuras especializadas acordadas en la más reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
