CSIF denuncia el perjuicio que supondrá el nuevo convenio colectivo estatal de Seguridad Privada para el millar de vigilantes que trabajan en Córdoba. Según el responsable provincial del Área de Seguridad Privada del sindicato, Rafael Fernández Barba, el texto sellado por los empresarios y tres sindicatos ha sido “una nueva ocasión perdida” de plantear mejoras para compensar las pérdidas socioeconómicas que ha sufrido el colectivo, que rondan el 30% en las tres últimas décadas.
CSIF critica que los firmantes –el banco empresarial, UGT, CCOO y USO– no han tratado “con valentía” la posibilidad de firmar un convenio de tres años para que los profesionales recuperen así parte del poder adquisitivo que han perdido. En este sentido, el sindicato califica como “más que insuficiente” la subida lineal del 2% en todos los conceptos que introduce el nuevo convenio y recuerda que el IPC subió su tasa interanual en septiembre hasta el 4%, lo que supone que cada trabajador perderá de media 27 euros mensuales. Según los cálculos de la Central Sindical, la pérdida de poder adquisitivo acumulada es de en un 29,5% en los últimos 30 años.
El sindicato lamenta que el nuevo texto no reduce el cómputo de 1.782 horas al año ni altera la consideración del día de asuntos propios como recuperable. “Podían haber tenido la empatía suficiente de firmarlo como no recuperable, ya que solo ese gesto habría disminuido el cómputo anual a 1.774 horas”, señala Fernández Barba. El acuerdo tampoco contempla la inclusión de los pluses de Transporte y Vestuario dentro del salario base, con lo que tampoco se recuperan estos mismos pluses en las tres pagas extraordinarias, a pesar de que su supresión en 2013 se anunció como una simple medida transitoria.
La negociación del convenio, según el responsable del área de Seguridad Privada de CSIF Córdoba, ha estado marcada por parte de todos los firmantes por “comunicados vacíos, falta de claridad en las propuestas” y la necesidad de un convenio puente, como ya ocurrió en los contactos para el anterior acuerdo, con lo que este nuevo convenio estatal es “una muestra más del maltrato laboral que sufre un colectivo abandonado”. Así quedó en evidencia durante la pandemia, en la que estos profesionales desempeñaron una labor fundamental y estuvieron altamente expuestos al contagio debido a la falta de medios de protección y a su exclusión de los grupos de riesgo por parte de la Administración.
Por eso, Fernández Barba asegura que la negociación del nuevo convenio ha constituido “un agravio y una oportunidad perdida para reponer parte de los derechos arrebatados a un sector que sigue siendo víctima de las agresiones, el intrusismo laboral y el deterioro continuo de sus condiciones laborales”. CSIF, en cambio, ensalza la profesionalidad y entrega de estos trabajadores, especialmente llamativas durante la crisis sanitaria, y hace un llamamiento a las empresas del sector de la seguridad privada para que tomen las medidas necesarias de protección y garanticen así la seguridad y la salud de las plantillas.
