Se hicieron más de 230 inspecciones en lo que va del año y casi 150 fueron en la ciudad capital. Seis empresas no cumplían con los requisitos para ofrecer el servicio de vigilancia privada, sobre un total de 36.
La dirección provincial de Regulación y Control de Empresas de Seguridad, dependiente de la subsecretaría de Seguridad, informó que fueron seis las empresas de vigilancia privada que en el último tiempo fueron sancionadas por no cumplir con los requerimientos que establece la ley que rige la actividad en la provincia. Estas sanciones sumaron más de 2,4 millones de pesos.
Se trata de infracciones a la ley provincial Nº 2772, que establece las condiciones y alcances para la habilitación, el registro y la fiscalización de las empresas que se dedican a esta actividad. El organismo provincial, conjuntamente con la Policía, es la autoridad de aplicación de la normativa vigente, en tanto que la División de Agencias de Vigilancia e Investigaciones Privadas -dependiente de la fuerza policial- tiene la facultad de labrar las actas de infracción en caso de constatar el incumplimiento de las obligaciones.
De manera paralela, se encuentran 25 procedimientos en trámite sin sanción pecuniaria firme a distintas empresas, como resultado de 231 inspecciones que a través del área se llevaron adelante en lo que va del año. De ese total, 147 fueron realizadas en la ciudad de Neuquén, mientras que 84 tuvieron lugar en las localidades de Centenario, Rincón de los Sauces, Las Lajas, Plottier, Zapala, Caviahue, Loncopué, San Martín de los Andes, Mariano Moreno y Villa La Angostura.
“Casi todas las faltas están vinculadas a la prestación del servicio a través de vigiladores que no están habilitados para cumplir esta tarea, por lo que se considera una falta grave”, explicó Macarena Costa, a cargo del área.
Las infracciones pueden sancionarse con apercibimiento administrativo, multa, suspensión para contratar nuevos servicios y cancelación definitiva de la autorización para funcionar. Las sanciones pueden oscilar entre un valor de 5 y hasta 25 salarios mínimo, vital y móvil, parámetro que equivale a montos desde 239 mil pesos a más de 1 millón de pesos. Lo recaudado es dirigido al Fondo de reequipamiento de la fuerza policial.
Uno de los objetivos primordiales de la ley es que las empresas no ejerzan la actividad sin la previa habilitación de los trabajadores que cumplen funciones como vigiladores. Entre los requisitos, el Estado debe tener un registro de las personas que operan en la seguridad privada para conocer de antemano posibles antecedentes penales.
En la actualidad operan un total de 36 empresas que brindan servicios de vigilancia en la provincia y cuatro se encuentran en proceso de renovación. Hay más de 3.100 vigiladores.
