- Impulsar una reducción de horas laborales sin incentivos a la productividad, podría llevar a un deterioro en el empleo formal.
- La gradualidad debe contemplar no solo plazos, sino criterios sectoriales y de tamaño de empresa, con especial atención a las micro y pequeñas unidades económicas.
El reciente anuncio sobre la instauración paulatina de la reducción de la jornada laboral, exige una reflexión profunda, integral y con visión de país. Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sabemos de la importancia de mejorar las condiciones de las y los trabajadores, pero subrayamos que cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo debe construirse desde el diálogo responsable, con base en datos, y considerando el difícil contexto económico actual que enfrentan el país y las empresas, en particular las micro, pequeñas y medianas, que constituyen el motor del empleo formal en México.
Reiteramos nuestra disposición para participar de forma activa en las mesas de trabajo que convocará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estamos listos para sumar, con argumentos y propuestas, a un proceso que debe incluir a todas las voces y visibilizar la realidad de los distintos sectores económicos. No es momento de decisiones unilaterales, ni de imposiciones políticas. Es tiempo de construir acuerdos que garanticen el equilibrio entre productividad, mejoras en las condiciones laborales y viabilidad empresarial, para impulsar los objetivos y prioridades anunciados por el Gobierno Federal y que requiere el país.
El sector empresarial se encuentra unido en un mismo frente: promover el bienestar de las personas trabajadoras sin comprometer la sostenibilidad de las fuentes de empleo. La colaboración entre trabajadores, empresas y gobierno ha permitido, en años recientes, progresos fundamentales en el mundo laboral, entre los que destacamos:
1. El incremento sostenido del salario mínimo, que hoy permite acercarnos a la línea de bienestar familiar.
2. La ampliación de vacaciones, que ha mejorado el equilibrio entre la vida laboral y personal.
3. La regulación de la subcontratación, que cerró espacios a los abusos y fortaleció la formalidad.
4. La reforma pensionaria, que incrementó las aportaciones patronales y garantizó mejores condiciones para el retiro.
Estos logros no deben ponerse en riesgo. Al contrario, deben consolidarse mediante nuevas medidas que fortalezcan la productividad, impulsen la formalidad y generen condiciones propicias para que las empresas respondan a los retos del mercado interno y externo. Por ello,
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es fundamental que también se logre la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales y la actualización de la tabla de subsidios al empleo (ISR), como elementos clave para fomentar la formalidad y facilitar la implementación de nuevas obligaciones laborales.
Cualquier propuesta para reducir la jornada laboral debe incluir una implementación gradual, flexible y adecuada a las capacidades de cada sector productivo. Además, se deben establecer excepciones razonables para actividades específicas, que por su naturaleza requieren esquemas distintos, con el fin de evitar impactos negativos que puedan traducirse en pérdida de empleos o aumento en la informalidad. No atender esta realidad sería ignorar las condiciones de millones de pequeños negocios que operan al límite y sostienen gran parte del empleo nacional.
El país enfrenta una marcada desaceleración económica, niveles altos de informalidad que superan el 54.5% de la población ocupada y una baja productividad laboral —la más baja entre los países que integran la OCDE—. En estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, la informalidad alcanza niveles superiores al 75%. Impulsar una reforma de esta magnitud, sin atender previamente estos desafíos estructurales puede provocar el efecto contrario al deseado: menos empleos formales y consecuente precarización laboral, debilitamiento de sectores clave, cierres de empresas y, como consecuencia, una economía más debilitada incapaz de hacer frente a los desafíos fiscales, de fortalecimiento del mercado interno y del exportador.
Insistimos en que ningún cambio profundo puede llevarse a cabo sin un auténtico diálogo social tripartito. Las decisiones en materia laboral deben surgir del consenso entre trabajadores, empresarios y gobierno. Es indispensable transitar de las declaraciones a las soluciones, poniendo al centro el bienestar de las personas, sin desatender la viabilidad económica ni el crecimiento sostenido.
En COPARMEX defenderemos con firmeza una visión responsable, moderna y justa del mundo laboral. Seguiremos construyendo acuerdos para transformar a México en una nación más próspera, atractiva para la inversión y con empleos dignos. Reiteramos nuestro compromiso con el trabajo conjunto, convencidos de que solo así lograremos un desarrollo inclusivo, competitivo y duradero.
