La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) respaldó la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, al considerar que representa un avance indispensable ante un delito que afecta la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social del país.
El organismo empresarial reiteró la necesidad de contar con un marco jurídico integral y uniforme para frenar la expansión de la extorsión, que impacta de manera particular a comercios, transportistas y a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). La nueva legislación, señaló, responde a una demanda ciudadana y empresarial para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la coordinación entre autoridades en todos los niveles.
COPARMEX recordó que la dimensión del problema es alarmante. Aun sin incluir la “cifra negra” del 97% de casos no denunciados por temor o desconfianza, los registros oficiales muestran que cada día 31.3 personas presentan una denuncia por extorsión. Solo en 2024, las pérdidas asociadas a este delito superaron los 21 mil millones de pesos, de acuerdo con la metodología de la ENVIPE. Estas cifras reflejan únicamente los impactos económicos reportados por víctimas en general.
Además, datos de #DataCOPARMEX revelan que el 12.8% de las empresas afiliadas han sido víctimas de extorsión, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5%). Este escenario inhibe la inversión y limita el crecimiento, ya que el 49.5% de los socios considera que la inseguridad es el principal obstáculo para su desarrollo. Ante este panorama, el organismo afirmó que se requieren respuestas institucionales profundas, coordinadas y con resultados verificables.
El sindicato patronal subrayó que la promulgación de la ley abre una oportunidad para fortalecer las capacidades del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales, por lo que insistió en tres acciones indispensables: garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para su implementación; capacitar a policías, fiscalías y jueces para asegurar una aplicación adecuada del nuevo marco jurídico; y sensibilizar a gobernadores y congresos locales para armonizar sus legislaciones lo antes posible.
COPARMEX reconoció los avances integrados en la minuta, como el incremento de penalidades que van de 15 a 20 años de prisión y hasta 30 años en casos agravados. Destacó también las sanciones más severas para servidores públicos encargados de seguridad, investigación y custodia que participen en la comisión del delito, quienes podrán enfrentar penas hasta un tercio mayores e inhabilitación. A su juicio, se trata de medidas esenciales para frenar redes delictivas que operan incluso con apoyo interno.
La Confederación valoró además los mecanismos reforzados de protección a víctimas, como el resguardo de identidad, imagen y voz mediante herramientas tecnológicas, así como la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de atención. Consideró igualmente relevante la obligación de instalar inhibidores de señal y sistemas de bloqueo en centros penitenciarios en un plazo máximo de 180 días hábiles, al subrayar que una parte significativa de las extorsiones se origina en esos espacios.
Para las MiPyMEs, indicó el organismo, la nueva legislación es crucial, ya que la extorsión limita su capacidad de invertir, operar y crecer, e incluso provoca cierres que afectan cadenas productivas enteras. Un marco jurídico homologado y con sanciones claras ofrecerá mayor certidumbre y condiciones que permitan a comercios y emprendedores desarrollarse en un entorno seguro.
Finalmente, COPARMEX reiteró su disposición para colaborar con el Poder Legislativo, autoridades de seguridad y gobiernos estatales y municipales en la construcción de una reglamentación precisa que brinde certeza a las víctimas, proteja los derechos humanos y evite interpretaciones discrecionales. El organismo insistió en que México necesita instituciones capaces de responder a la urgencia, así como empresas que operen sin amenazas ni cobros ilícitos, en comunidades donde las familias vivan con tranquilidad y sin la intervención de grupos delictivos en la vida económica y social.
