Los datos sobre la victimización de empresas son claves para formular políticas públicas y estrategias empresariales que protejan bienes y colaboradores.
Armando Zúñiga Salinas – Actualmente es el Enlace Legislativo y Consejero de Coparmex Nacional, Presidente de ASUME y Grupo IPS, Consejero del CCE y de la CONCAMIN. Reflexiona sobre la victimización de empresas, uno de los más importantes retos del país en el contexto global debido a la llegada de nuevas inversiones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) acaba de publicar los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024.
La encuesta bienal revela datos sobre la victimización de empresas, fundamentales para formular políticas públicas y estrategias empresariales que protejan bienes y colaboradores.
Es un tema de la mayor relevancia en el contexto actual, pues como hemos señalado insistentemente, uno de los más importantes retos que tiene el país en el contexto global es la llegada de nuevas inversiones. La delincuencia que afecta a las empresas perjudica el ambiente de los negocios y puede disuadir a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Los resultados de la encuesta nos presentan diversas situaciones sobre las que es necesario generar estrategias puntuales y focalizadas para hacerles frente. Aquí planteamos algunas que nos parecen de gran trascendencia.
Concentración de los delitos. En el país, 27 de cada 100 unidades económicas han sido víctimas de la delincuencia, en promedio, 2.2 veces cada una en el lapso de un año. Esto significa que sobre 1.3 millones de establecimientos se cometieron 2.9 millones de delitos. Las entidades con mayores promedios son Sonora, Ciudad de México y Querétaro, que superan los 3 delitos por cada empresa víctima.
Crecimiento de la extorsión directa y su eficiencia. Crecimiento de 68 % de las extorsiones o cobro de piso que se hace directamente en el establecimiento o en la calle, respecto de la ENVE 2022, situación que implica que el delincuente logra su objetivo 67 de cada 100 veces, contra sólo 6 en el caso de realizarse vía telefónica.
Entidades en las que el porcentaje de extorsiones que generan un daño patrimonial, supera el 50 % como Guerrero, Sonora o Baja California.
Aumento de los gastos de las empresas. El costo promedio del delito por unidad económica, a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas durante 2023, fue de 70,394 pesos, lo que significó un crecimiento real del 17 % respecto del 2021.
Contrastes en la percepción. Aunque la percepción de las empresas permaneció prácticamente en el mismo promedio que en la anterior medición, 69.4 % considera como insegura la entidad federativa en la que opera, hay que considerar que en entidades como Oaxaca, Ciudad de México, Durango registran una importante mejora, mientras otras como Chiapas, Morelos y Chihuahua presentan un importante repunte.
Desempeño de las autoridades. También hay marcados contrastes a la hora de comparar el desempeño de las diferentes autoridades de acuerdo con la visión de las unidades económicas. Se considera al Ejército y la Marina como las instancias más eficaces, en tanto que los Ministerios Públicos, así como las policías municipales y de tránsito como las de menor desempeño.
Estos y otros aspectos deben ser considerados por las empresas para proteger su operación, atención al cliente y planes de expansión. Particularmente en términos de acciones preventivas con el asesoramiento de expertos en la materia.
Los nuevos hallazgos muestran importantes áreas de oportunidad, tanto en la parte regional como en algunos delitos específicos, particularmente en la extorsión. Como gobierno y sociedad, debemos enfocarnos en el diseño y la implementación de nuevas políticas públicas que aborden estas problemáticas de manera efectiva. Estrategias integrales que fortalezcan la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil.
Se aprobó en el Senado de la República, una iniciativa de reforma al INFONAVIT que debilita su estructura al dar un peso excesivo al gobierno en sus decisiones, cuando su naturaleza es tripartita, esto es, conformada por representantes del gobierno, los empleadores y los trabajadores. Su propósito es equilibrar y representar los intereses de estos tres grupos para el mejor logro de sus objetivos.
Desde este espacio exhortamos a un debate profundo sobre la reforma al INFONAVIT para proteger su estructura tripartita, esencial para garantizar los derechos y beneficios de los trabajadores y sus familias.
Para las autoridades, es necesario considerar todos los matices que arroja la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, para mejorar y focalizar la Estrategia Nacional de Seguridad en sus ejes de fortalecimiento de la inteligencia e investigación y el de coordinación con las entidades federativas.
