Por David Blanc Murguía
El país tiene distintos cuerpos de seguridad que podrían apoyar durante la emergencia, pero el gobierno delega la responsabilidad civil a nuestras Fuerzas Armadas para resolver, por si fuera poco, otro de los tantos problemas que ya se les han encargado.
México atraviesa por la peor crisis de violencia de su historia moderna. Las proyecciones indican que este año cerrará con una cifra de 40 mil homicidios, y con una tasa de 31 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para ponerlo en perspectiva, durante el 2011 -el peor año en cuanto a homicidios en el sexenio de Calderón-, la tasa fue de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Esta crisis se debe, en gran medida, a la ausencia de una política criminal, al desmantelamiento de las instituciones policiales y a una impunidad prácticamente plena. No es secreto que la mayoría de las policías en el país subsisten precariamente, con capacitaciones exprés, sin prestaciones de ley, con presupuestos insuficientes y mal ejercidos y sin equipamiento. Tampoco lo es que no existan fiscalías autónomas que realicen investigaciones criminales efectivas. Y mucho menos, que nuestras cárceles no permiten la reinserción social, sino que reproducen patrones delictivos y representan graves violaciones a los derechos humanos. Sin duda, estamos frente a una situación crítica.
A la par de este panorama, nuestro país enfrenta una pandemia sin precedente alguno. En principio, se han registrado 712 personas que han muerto por complicaciones asociadas con el virus, y las estimaciones ubican ya en más de 55 mil los casos de personas infectadas. Los daños económicos de esta pandemia es que se han perdido alrededor de 350 mil empleos, cifra que podría rondar en 1.4 millones de plazas formales al final del confinamiento. Esto derivará en escenarios de inseguridad más complejos que se suman a una situación que ya era grave.
Ante este panorama, el país tiene distintos cuerpos de seguridad que podrían apoyar durante la emergencia, mismos que son civiles o militares. En este sentido, lo que toca a seguridad pública, es de policías; y lo que toca a seguridad nacional, de militares. El gobierno, contrario a cualquier evidencia, apuesta a la opción incorrecta: militarizar la seguridad pública y delegar la responsabilidad civil a nuestras Fuerzas Armadas para resolver, por si fuera poco, otro de los tantos problemas que ya se les han encargado.
Por un lado, se ha continuado con el abandono de las policías, recortando los fondos federales asignados para su desarrollo, permitiendo de igual manera que asesinen con completa impunidad a más de un policía diariamente, y fomentando la desacreditación social de estos cuerpos, por ejemplo, al catalogarlos como delincuencia uniformada, o bien, al afirmar que la mayoría son corruptos sin sustento alguno. En resumen, nuestras policías se encuentran en un triple asedio: el primero por parte de la criminalidad, el segundo por parte de las autoridades, y el tercero por parte de la sociedad. Muchas corporaciones operan en esquemas laborales extenuantes y sin equipos de protección para la pandemia. Por ejemplo, en días recientes se documentaron las condiciones insalubres de las instalaciones de la policía estatal de Puebla, en las que carecen de servicios tan básicos como agua y jabón.1 Por ello, el papel que desempeñan las policías se ve mermado por su propia realidad.
Por otro lado, se desmanteló la Policía Federal, y a cambio recibimos una Guardia Nacional que, a todas luces, es un cuerpo militar. Ahora, además de todas las funciones que se les ha otorgado, -como distribuir libros, construir aeropuertos, combatir la inseguridad, controlar el flujo migratorio-, se les suman tareas para enfrentar la pandemia. Es tan clara la apuesta de este gobierno que, en días recientes, se presentó el supuesto crecimiento de su estado de fuerza como una solución a la crisis. Ante esto, resulta necesario volver a aclarar que no les corresponde a las instituciones castrenses encargarse de la contingencia sanitaria y no sirven por ello. Sin duda representan un apoyo importante, pero ni siquiera el Plan DN III está diseñado para una pandemia. Además, el apoyo de las instituciones castrenses en la contingencia no solucionará las fallas estructurales del sistema de salud, de la misma manera que tampoco frenarán la violencia.
Los cuerpos de seguridad civiles deberían auxiliar en las medidas que implementen los gobiernos para prevenir el contagio con el objetivo de reducir al mínimo los riesgos. Así lo es cualquier democracia del mundo. Sin embargo, la realidad de nuestro país es que no existen ni siquiera las condiciones mínimas para poder pensar en dichos escenarios. Y contrario a cualquier evidencia, la apuesta es delegar toda la responsabilidad en nuestras Fuerzas Armadas, abusando flagrantemente de su muy buena acreditación social.
La crisis se agravará y con ello se acelera la erosión del gobierno y del Estado. Desafortunadamente, la única solución será la reconstrucción institucional y no el desarrollo de las mismas. No habrá muchas más oportunidades para enderezar y ratificar el camino. Es hora de actuar antes de que sea tarde y los daños irreversibles.
