La seguridad privada es cara para los prestadores de servicios debido a los altos costos de capacitación y exámenes a los que son sometidos los trabajadores, afirmó el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién Santos, quien informó que en Yucatán operan 106 empresas de este rubro.
En entrevista, el presidente del Consejo dijo que el principal problema dentro de la rama de seguridad privada es la sobreregulación estatal “porque las propias leyes estatales se contradicen por cada entidad” y cada empresa debe adecuarse según la normativa en turno.
“Falta que existan empresas de capacitación y permitir que los centros de análisis biológicos tengan permisos para hacer los exámenes toxicológicos, porque actualmente para la capacitación vale hasta 1,400 pesos por persona y los toxicológicos son de 1,200 pesos”, señaló.
Respecto a las cámaras de vigilancia en Yucatán y las empresas de seguridad privada, dijo que la intención de enlazarlas a nivel federal con el C4 y en la entidad con el C5 vuelve a hacer pensar en una Ley de Videovigilancia, que buscaría regular qué tipo de tecnología debe tenerse a nivel estatal.
“Las empresas que prestan servicios en dos o más estados están obligadas a cumplir con un cuerpo normativo, la ley federal, además de las estatales y en algunos estados del país la situación es el cumplimiento de las normas de carácter municipal”, indicó Sapién Santos.
“Nos preocupa dentro del consejo nacional, asociaciones y empresas la falta de seguimiento que se ha venido dando a un artículo que por decreto se retoma en la última reforma del Diario Oficial del 17 de junio de 2016, que manifiesta que autoridades contarán con 180 días de plazo para homologar la legislación en la materia, de carácter de seguridad privada”, dijo.
Otro problema, advirtió, son las empresas “patito” de seguridad privada, pues representan la dos quintas partes de los elementos que se dedican a este trabajo en el país. De 500 mil elementos identificados, 300 mil son regulados y 200 mil están empleados en empresas patito, que en algunas ocasiones se juntan con elementos de policías auxiliares y que a fin de cuentas representan “competencia desleal, entes híbridos que cuando les conviene son de seguridad pública y otras privada”.
Para contrarrestarlas, el líder del CNSP dijo que el cuerpo legislativo debe imponer sanciones a personas físicas y morales que son contratadas sin estar debidamente registradas.
