Por Armando Zúñiga Salinas
Vicepresidente Nacional de COPARMEX, Presidente de ASUME y Grupo IPS, Consejero del CCE y CONCAMIN.
En los últimos meses hemos visto un cambio importante en la estrategia de seguridad del Gobierno de México. La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha impulsado una visión que comienza a mostrar resultados, particularmente en la reducción de homicidios dolosos en diversas regiones del país.
Sin embargo, mientras algunos delitos disminuyen, otros evolucionan. La extorsión se ha convertido hoy en uno de los mayores desafíos para la seguridad pública y para la economía de miles de familias y empresas. No solo es el delito que más crece, sino también uno de los que más afectan la tranquilidad cotidiana de comerciantes, empresarios y trabajadores.
La buena noticia es que el país empieza a responder con herramientas más sólidas. La reciente aprobación de una nueva Ley General contra la Extorsión representa un paso fundamental para enfrentar este fenómeno. Esta legislación permitirá homologar criterios, fortalecer las investigaciones y, sobre todo, facilitar que los casos puedan ser judicializados con mayor eficacia.
En la Ciudad de México estamos ante un momento clave. La Jefa de Gobierno Clara Brugada, junto con el Secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez, están por lanzar una gran cruzada contra la extorsión. Esta iniciativa tiene un elemento fundamental: la participación activa de la sociedad.
La seguridad no puede depender únicamente del Estado. Requiere la participación organizada de todos. En esta cruzada participarán organismos empresariales, asociaciones civiles, empresas de seguridad privada y ciudadanos comprometidos con la legalidad. El objetivo es claro: denunciar, compartir información sobre los modus operandi de los extorsionadores y capacitar a nuestras familias, colaboradores y comunidades para evitar caer en estos delitos.
La prevención es una de las herramientas más poderosas contra la extorsión. Muchas de estas conductas criminales prosperan porque operan a través del miedo, la desinformación o la falta de denuncia. Romper ese círculo es responsabilidad de todos.
En este esfuerzo, el Consejo Ciudadano tendrá un papel fundamental. Su capacidad para recibir denuncias, orientar a las víctimas y capacitar a la población será clave para construir una sociedad más informada y menos vulnerable ante delitos como el cobro de piso o las extorsiones telefónicas.
Cuando gobierno y sociedad civil trabajan juntos, los resultados llegan. La experiencia internacional y nacional lo demuestra: la seguridad se fortalece cuando existe confianza, cooperación y corresponsabilidad.
La lucha contra la extorsión será larga, pero también es una oportunidad para demostrar que México puede enfrentar sus retos más complejos con unidad, inteligencia y participación ciudadana.
Hoy más que nunca, debemos entender que la seguridad no es solo una tarea de las autoridades. Es una causa común.
