Al cierre del primer semestre de 2026, la extorsión se consolidó como el principal delito al alza en México y alcanzó su cifra más elevada para un periodo enero-junio en los últimos 11 años. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros seis meses del año se registraron 6 mil 562 víctimas, lo que representa un incremento de 9.17% respecto al mismo periodo de 2025, equivalente a 551 víctimas adicionales.
Sin embargo, la dimensión del problema podría ser considerablemente mayor. De acuerdo con el INEGI, 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni se registra, por lo que las cifras oficiales reflejan únicamente una parte de un fenómeno que afecta tanto a la ciudadanía como a la actividad empresarial.
Ante este escenario, el Monitor de Seguridad de COPARMEX mantiene un seguimiento de la incidencia delictiva a nivel nacional, estatal y municipal, con el propósito de analizar su impacto y advertir sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y combate a este delito. La organización empresarial reiteró la importancia de aplicar de manera efectiva la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, ante el crecimiento sostenido y la diversificación de sus modalidades.
Aumenta en 19 entidades
El incremento de la extorsión se extendió a buena parte del territorio nacional. Entre enero y junio de 2026, 19 entidades registraron un aumento en el número de víctimas respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que 12 estados alcanzaron su máximo histórico de víctimas para un primer semestre en los últimos 11 años.
Las mayores variaciones anuales se presentaron en Chihuahua, con un aumento de 2,325%, al pasar de 4 a 97 víctimas; Zacatecas, con 551.4%, de 35 a 228; Yucatán, con 400%, de una a cinco víctimas, y Tabasco, con 184.2%, al subir de 82 a 233 casos.
Al analizar la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, las entidades con los registros más elevados fueron Morelos, con 18.8; Querétaro, con 15.5; Zacatecas, con 13.2; Ciudad de México, con 12.7, y Baja California Sur, con 12.4.
La concentración territorial también representa una señal de alerta. Diez de los 20 municipios con mayor tasa de extorsión se concentran en sólo dos entidades: Guanajuato, con cinco municipios, y Ciudad de México, con cinco alcaldías. Cuautla, Morelos, encabezó el listado nacional con una tasa de 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes.
La extorsión también cambia de modalidad
Los datos del primer semestre reflejan además una transformación en la forma en que opera este delito. De acuerdo con la nueva metodología del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, 7 de cada 10 extorsiones se cometen a distancia, principalmente mediante internet, redes sociales o llamadas telefónicas.
Por su parte, 2 de cada 10 casos corresponden a extorsiones presenciales, mientras que el resto se clasifica como tentativa. Además, 13 entidades superaron el promedio nacional de 14% en tentativas, entre ellas Campeche, Aguascalientes y Tabasco, lo que también evidencia diferencias en la aplicación del nuevo criterio de registro.
Durante los primeros seis meses de 2026, la extorsión destacó además como el único delito con una tendencia al alza. En contraste, otros delitos registraron disminuciones, como asesinato (-29.6%), homicidio doloso (-30.1%), feminicidio (-10.7%), secuestro (-25.3%), robo a negocio (-7.3%), robo a transportista (-19.4%) y robo de vehículo (-16.9%).
Un índice para medir la amenaza
Para dimensionar el impacto del fenómeno, COPARMEX desarrolló el Índice de Extorsión COPARMEX (IEC), una herramienta que combina tres variables: la magnitud del delito, con datos del SESNSP y un peso de 0.50; la cifra oculta, con información del INEGI y un peso de 0.25, y la percepción de inseguridad, también con una ponderación de 0.25.
Los resultados muestran que 14 entidades registran un IEC superior al promedio nacional de 49.7%. Entre los movimientos más relevantes destaca Guerrero, que avanzó del lugar 11 al 5 y se colocó dentro del top cinco nacional. También subieron posiciones Sinaloa, del lugar 22 al 17, y Michoacán, del 16 al 13.
En sentido contrario, Tlaxcala descendió del lugar 17 al 23; Baja California, del 7 al 12, y Jalisco, del 23 al 28. Para COPARMEX, estos resultados permiten identificar las regiones donde la extorsión representa una mayor amenaza y donde resulta prioritario fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar este delito.
COPARMEX exige pasar de los diagnósticos a la acción
Frente a este panorama, COPARMEX sostuvo que el combate a la extorsión debe pasar del reconocimiento del problema a la implementación efectiva de las herramientas legales e institucionales disponibles.
La organización consideró indispensable concluir la homologación de las legislaciones locales conforme a la Ley General en materia de extorsión y garantizar recursos suficientes para la operación de unidades especializadas contra este delito en las fiscalías locales, como establece el artículo 13 de la legislación.
También planteó la necesidad de dar seguimiento y acompañamiento al trabajo de las fiscalías mediante sus Centros Empresariales, así como instalar inhibidores de comunicación en los Centros Penitenciarios, conforme al artículo 38 de la Ley General, con el objetivo de impedir que desde estos espacios se realicen actividades de extorsión.
COPARMEX señaló que también será necesario verificar la implementación y cumplimiento de estas medidas una vez concluidos los plazos establecidos.
La creciente incidencia de la extorsión, sumada a su elevada cifra oculta y a la aparición de nuevas modalidades, coloca a este delito como uno de los principales desafíos para la seguridad y la economía del país. Para el sector empresarial, contar con instituciones capaces de responder con eficacia y garantizar una aplicación efectiva de la ley será determinante para proteger a las personas, asegurar la continuidad de las empresas y fortalecer la confianza necesaria para invertir en México.
