Por Diputada Gina Campuzano González
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Cámara de Diputados, LXV Legislatura Secretaria de la Comisión de Vivienda e integrante de la Comisión de Hacienda e Infraestructura.
De acuerdo con el constitucionalista Jaime Cárdenas, los órganos constitucionales autónomos nacieron para limitar al poder presidencial, son aquellos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado.
Asimismo, su creación, se da en virtud de la necesidad de limitar los excesos en que incurrieron los poderes tradicionales y los factores reales de poder, puesto que generaron desconfianza social disminuyendo la credibilidad gubernamental, lo que dio lugar a la creación de órganos constitucionales autónomos, encargados ya sea de fiscalizar o controlar instituciones para que no violenten el apego a la constitucionalidad.
No obstante, algo que le ha molestado intensamente al presidente durante todo su sexenio es el presupuesto que se ve obligado a destinar a organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre muchos otros, para poder destinarlo en sus programas clientelares y sus obras faraónicas, de ahí su constante ataque contra dichos organismos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023, este contempla una reducción a los presupuestos de los órganos constitucionales autónomos por más de seis mil 400 millones de pesos, lo que pone en riesgo su operatividad.
Por lo que, es importante resaltar que, que derivado de lo anterior, confirma que en el grupo mayoritario hay una línea para dejar a los organismos autónomos inoperantes, sus legisladores no quieren hacer ningún nombramiento.
Como sabemos, desde el ejecutivo, se ha buscado incidir en las designaciones del Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Tribunal Electoral, y desde que comenzó su gobierno se ha hablado de su interés en la eliminación de los órganos constitucionales autónomos, por lo que durante su gobierno se les ha reducido el presupuesto y alargado los procesos de nombramiento, provocando así una falta de representación interior. Es entonces, que el presidente busca debilitarlos con la ausencia de nombramientos en más de treinta vacantes, hasta volverlos prácticamente inoperantes.
Por lo que, el mismo comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha advertido que los órganos constitucionales autónomos nacieron para limitar al poder presidencial, son fundamentales para el funcionamiento de un Estado, sin embargo, se les ha reducido el presupuesto y provocado una falta de representación interior.
Entre las designaciones pendientes se encuentran el INE, INAI, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Banco de México, Comisión Reguladora de Energía y en la Comisión de Hidrocarburos, por mencionar algunos casos, cuyas propuestas y aprobaciones dependen del Congreso o el Ejecutivo federal, ya se vencieron los plazos o simplemente están inconclusos, sin que esto signifique una preocupación para el presidente, ya que, a la fecha tiene pendiente más de treinta vacantes de puestos clave en organismo que sirven de contrapeso al Ejecutivo Federal.
Es entonces, que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de realizar cuatro designaciones que se encuentran aún pendientes; el Senado tiene que definir seis designaciones, mientras que el Ejecutivo tiene veintiún cargos pendientes a la fecha, por lo que en este año 2023 tendrán que hacerse estas designaciones.
Por lo que como legisladores, tenemos el deber y responsabilidad de velar por el cumplimiento de estas designaciones para que se realicen de forma transparente, que permitan a la sociedad el escrutinio de los perfiles, sin discrecionalidad en las elecciones y cumpliendo con las fechas establecidas en las convocatorias, respetando el principio de paridad, en Acción Nacional estamos convencidos que toda sociedad democrática necesita de organismos autónomos capaces de garantizar los derechos fundamentales de la población.
