El pasado lunes 1 de febrero comenzó el periodo de sesiones legislativas. Todavía impera la incertidumbre en los posibles cambios a la regulación del outsourcing. Es positivo que no haya entrado como preferente la iniciativa que buscaba terminar con la subcontratación. Sin embargo, mientras siga abierta la puerta a una reforma prohibicionista, México permanecerá en vilo.
Innumerables expertos en materia económica y laboral lo han repetido hasta el cansancio: eliminar la tercerización generaría cierre de empresas, pérdida de empleos, afectación a los sectores más vulnerables de la población y una caída drástica en las inversiones; en otras palabras: todo lo que se tiene que evitar, máxime cuando, debido a la pandemia y al manejo que se hizo de ella, nuestra economía se contrajo un 8.5% en 2020.
En TallentiaMX hemos señalado dos importantes aspectos contraproducentes de acabar con la subcontratación. En primer término, provocaría que sea mucho más difícil poner en práctica los ya de por sí torpes y lentos procesos de vacunación. Todos los países y todas las empresas farmacéuticas están recurriendo al outsourcing para investigar, diseñar, almacenar, distribuir e inocular las vacunas. Si las autoridades insisten en prohibir la tercerización, será todavía más difícil inmunizar a los 126 millones de mexicanos. Una negligencia laboral se convertiría, por decir lo menos, en una negligencia sanitaria.
Por otra parte, la ruta criminalizadora y prohibicionista contravendría algunos apartados del T-MEC, lo cual produciría controversias legales entre México y Estados Unidos, así como un desgaste en los vínculos políticos y comerciales de ambas naciones. De ese modo, se tensarían las relaciones con la entrante administración demócrata encabezada por Joe Biden, quien busca impulsar a América del Norte haciendo efectivos los acuerdos del T-MEC y fortaleciendo los derechos de los trabajadores.
Lo anterior se debe a que, de acuerdo con la American Society of Mexico, el 92% de las empresas estadounidenses establecidas en nuestro país recurren a la subcontratación. El T-MEC busca fortalecer este tipo de vínculos comerciales y, de ese modo, abonar al desarrollo conjunto. Las autoridades nacionales no pueden atentar contra los intereses de dichas empresas, menos aun cuando ello causaría que millones de mexicanos pierdan su empleo formal.
En diciembre del año pasado, el Gobierno Federal, algunos líderes obreros y un puñado de empresarios firmaron un acuerdo tripartito según el cual se enviaría como preferente al Poder Legislativo la iniciativa que eliminaba y criminalizaba la subcontratación de personal. Por fortuna, esto no sucedió.
De acuerdo con Rogelio Israel Zamora Guzmán, senador del Partido Verde Ecologista de México, la eliminación del outsourcing se diferirá para después de las próximas elecciones, es decir, para el siguiente periodo legislativo. Hasta ahora, sólo hay rumores al respecto. El camino para regular la subcontratación ha sido largo y lleno de giros inesperados.
Ojalá que este aplazamiento signifique más bien una rectificación. Es deseable y necesario que se regule la subcontratación y que las autoridades supervisen rigurosamente el cumplimiento de la ley para asegurar que todas las empresas (dentro y fuera de la tercerización) cumplan con sus obligaciones fiscales y laborales.
No obstante, lo que sería verdaderamente benéfico para el país es que se le cerrara el paso de una vez por todas a las iniciativas prohibicionistas. La falta de certeza jurídica es muy nociva para México, ya que genera desconfianza en empresarios, inversionistas y en los propios trabajadores, que no saben si podrán conservar a largo plazo su fuente de ingresos. La inversión en nuestro país cayó drásticamente en 2020. Es natural: muchas empresas prefieren establecerse en lugares donde pueden operar y donde hay un marco legal claro y estable.
Pongamos un alto a la prohibición y a la incertidumbre. Promovamos la regulación y la certeza jurídica. Requerimos sensatez y legalidad. Debemos impulsar el desarrollo de México y de América del Norte. Necesitamos facilitar la vacunación. Garanticemos la subcontratación responsable y profesional.
