México, en el umbral de un crecimiento económico impulsado por el nearshoring, enfrenta un obstáculo crítico: la ausencia de una legislación moderna y sensata en seguridad privada aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Gabriel Bernal Gómez.
Este vacío legal, dijo, amenaza no solo a la industria de seguridad, sino también al desarrollo económico del país. La situación actual de seguridad, marcada por incidentes de robos en carreteras, bloqueos de ferrocarriles, robo a comercio, extorsión, ciberataques y secuestros exacerbada por la incapacidad gubernamental y fuerzas policiales insuficientemente equipadas y sin consolidarse, plantea un escenario riesgoso para los inversionistas y el desarrollo nacional.
Bernal Gómez, participó en el reciente desayuno mensual de la AMESP, en donde subrayó la incertidumbre que enfrentará el sector en 2024. Resaltó la necesidad imperante de una legislación que regule de manera efectiva la seguridad privada a nivel nacional y prevenga prácticas corruptas, especialmente en regiones con débil supervisión federal.
Lamentó la postergación de la Ley General de Seguridad Privada hasta después de 2023, enfatizando la importancia de establecer normativas claras para contrarrestar la corrupción y abusos en el sector. Citó ejemplos de regulaciones locales restrictivas en Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, que complican la operación de las empresas de seguridad.
Destacó también el aumento del salario promedio mensual en la industria de 6,352 pesos en 2019 a 9,576 pesos en 2023, un avance aún insuficiente en comparación con la pirámide salarial general. A esto se suma el crecimiento del número de empresas registradas ante el Seguro Social, de 5,386 a 7,412 en los últimos años. Sin embargo, se abordó el desafío de adaptarse a la nueva ley laboral y al aumento del 20 por en los salarios mínimos, lo que implica desafíos operativos y oportunidades para el sector.
El sector privado, y en particular las empresas de seguridad privada que dependen significativamente de guardias y personal para sus esquemas de trabajo se enfrentan a desafíos operativos considerables con la propuesta de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esta conlleva costos adicionales importantes, ya que obligará a las empresas a contratar más personal o a pagar horas extras para mantener el nivel actual de operaciones y servicios de seguridad.
En el sector de seguridad privada, que emplea a miles de guardias y personal de servicio, la reducción de la jornada laboral no solo representa un desafío económico, sino también se percibe como un obstáculo para el aumento de la productividad y la eficiencia.
El presidente de AMESP indicó que es crucial que tanto las empresas como el gobierno trabajen conjuntamente. Destacando la necesidad primordial de que el poder legislativo y el ejecutivo asuman un papel más activo en la revisión, mejora y publicación de todas las regulaciones para facilitar esta adaptación.
Recordó que la AMESP insta también a la promulgación de una Ley General Contra la Extorsión y de una Ley de Ciberseguridad, resaltando la importancia crítica de la inteligencia artificial y las bases de datos en la prevención y respuesta a incidentes delictivos. La falta de una legislación clara y uniforme en seguridad privada no solo abre la puerta a la corrupción, sino que también frena el desarrollo económico.
En el desayuno de AMESP, se impartió la conferencia por parte del Doctor Roberto Manríquez Delgado, “Entorno Económico de México: Perspectivas y análisis”, en la cual se puso de manifiesto que México está viviendo el momento más importante para la economía nacional, desde la aprobación del tratado de libre comercio, gracias al nearshoring y las expectativas son espectaculares para 2024.
