Por Diputado Nazario Norberto Sánchez, @Nazarionorberto sánchezoficial
Todos conocemos que el 2008, fue un año en el que se dio paso a un nuevo mundo jurídico en materia penal, pues el 18 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto con el que el Sistema Penal inquisitivo pasó a ser un Sistema Penal acusatorio.
Además del nuevo modelo del Sistema Procesal Penal, la reforma implicó la adquisición de un nuevo modelo de reinserción social que involucrara el rediseño de las instituciones penitenciarias para pasar del tratamiento correctivo al trato digno y con base fundamentalmente en los Derechos Humanos, desplazando con esto el foco de atención de la forma de ser de la persona, hacia la organización y estructura institucional, así como la conducta de las personas privadas de su libertad; en este aspecto, en el artículo 18 constitucional se agregaron los ejes fundamentales como la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social, siendo este el segundo aspecto fundamental y que evidenciaba un cambio estructural al Sistema Penitenciario.
Para el 10 de junio de 2011, fue publicada una de las reformas más importantes en la historia de nuestro país, es decir, el Decreto en materia de derechos humanos, esto originó que nuestra Constitución se encuentre jerárquicamente al nivel de los tratados internacionales y, en el caso del sistema penitenciario, se introdujo que se organizaba sobre la base del respeto a los derechos humanos, estableciendo además que las mujeres debían compurgar sus penas en lugares separados a los destinados para hombres, (hasta aquí siendo las mujeres reclusas apenas visibilizadas).
Todas estas reformas a la Constitución, llevaron a expedir la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que basada en estos aspectos fue articulado en ejes como: mejorar la infraestructura; fortalecer la estructura tecnológica; consolidar y mejorar la capacitación y profesionalización del personal penitenciario; aumentar el número de operativos de supervisión en los centros, con la finalidad de garantizar la gobernabilidad y disminuir la sobrepoblación en los penales; estandarizar los procesos y procedimientos del sistema penitenciario nacional y desde luego, desarrollar un sistema integral de reinserción social.
Cabe mencionar que, a pesar de que la operación de este nuevo ordenamiento tiene apenas siete años, en la Ciudad de México y probablemente la tutela de los centros penitenciarios en las entidades federativas, aun deja mucho que desear, especialmente para las mujeres quienes son las más abandonadas por la sociedad en este contexto.
Hemos de reconocer que la Capital ha tenido muchos cambios que fortalecen el Sistema Penitenciario, por ejemplo, en el 2021 pasamos la Subsecretaría a formar parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como una nueva forma de organización y fortalecimiento en la dependencia, no obstante, la realidad en las cárceles parece ser ajena al poder ejecutivo y legislativo.
Al respecto, en mi calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, he tenido diversas pláticas con familiares de personas privadas de su libertad, y me han expuesto en reiteradas ocasiones que las extorsiones hacia sus familiares reclusos siguen prevaleciendo, que el personal sigue formando parte del cáncer de la corrupción y de manera particular, los servicios de salud nunca llegan a las mujeres privadas de su libertad, quienes hay que decirlo, son las más invisibilizadas en los penales.
En la Comisión de Seguridad Ciudadana, hemos recibido diversas iniciativas en materia de menstruación digna para las mujeres en los centros penitenciarios, y por este tema es que en mi calidad de Presidente, considero oportuno abrir un espacio de diálogo en el Congreso de la Ciudad de México en el mes de agosto, a fin de contar con todos los elementos necesarios para su dictaminación y posible aprobación en el siguiente periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre de este año, no partiendo de la política, sino del diagnóstico y percepción de la realidad en esta materia desde el punto de vista de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de las Organizaciones Civiles, y desde luego de los postulantes en Ejecución Penal. Además, rescatar todas aquellas conclusiones para perfeccionar la ley en otros temas como la corrupción, personas con discapacidad en los reclusorios y personal corrupto. En las siguientes semanas publicaremos los detalles de este evento.
