El Vicepresidente Nacional de COPARMEX, Presidente de ASUME y Grupo IPS, Consejero del CCE y CONCAMIN, habla sobre las recientes reformas legislativas en materia de seguridad.
La seguridad privada en México enfrenta un momento decisivo en el contexto de las recientes reformas legislativas en materia de seguridad pública. La dictaminación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública representa un avance en la estrategia de seguridad, pero es esencial que este esfuerzo legislativo se armonice con una Ley General de Seguridad Privada que brinde certeza y claridad a un sector fundamental para la seguridad del país.
El Congreso de la Unión ha postergado por demasiado tiempo la expedición de esta ley, pendiente desde la reforma constitucional de mayo de 2021, lo que ha provocado un entorno regulatorio fragmentado. Actualmente, la seguridad privada opera bajo un esquema de normativas contradictorias: una legislación federal obsoleta, 32 leyes estatales con regulaciones divergentes y múltiples ordenamientos municipales. Esta dispersión ha generado más de 500 contradicciones normativas que obstaculizan la formalización del sector, favorecen la informalidad y permiten la operación de empresas sin certificación ni supervisión adecuada. Esto, lejos de fortalecer la seguridad ciudadana, la debilita.
Las reformas recientemente aprobadas en la Cámara de Diputados refuerzan la seguridad pública mediante inteligencia, coordinación interinstitucional y modernización de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, incurren nuevamente en el error de replicar disposiciones regulatorias para la seguridad privada dentro de un marco normativo que no le corresponde, generando confusión y estructuras híbridas incompatibles con su naturaleza. Estas disposiciones deben ser establecidas con mayor claridad, sencillez y certeza jurídica en la Ley General de Seguridad Privada.
De tal suerte, estas acciones quedarán incompletas si no se integra una regulación clara para la seguridad privada, que es un complemento indispensable en la protección de trabajadores, empresas e infraestructura crítica. Un marco normativo armonizado garantizará que las empresas del sector operen con estándares homologados y contribuyan de manera efectiva a la seguridad nacional.
La industria de la seguridad privada formal genera más de 450 mil empleos formales y representa el 2% de los registros en el IMSS. Su crecimiento y profesionalización dependen de un marco legal sólido que combata la competencia desleal y establezca reglas claras para la colaboración con las autoridades. Sin una legislación adecuada, la informalidad continuará expandiéndose, poniendo en riesgo la calidad del servicio y permitiendo que el crimen organizado utilice empresas fachada para operar con impunidad.
Además de su impacto en el empleo formal, la seguridad privada aporta innovación tecnológica que fortalece la seguridad en el país. La implementación de videovigilancia avanzada, análisis de datos e inteligencia artificial permite una supervisión más eficiente y una capacidad de respuesta más rápida ante incidentes. Estas herramientas no sólo benefician a las empresas, sino que también pueden coadyuvar con las estrategias de seguridad pública.
Otro aspecto clave es la profesionalización del talento humano en el sector. La propuesta que hemos desarrollado incluye estándares claros de capacitación y certificación para los guardias y operadores de seguridad, asegurando que cuenten con las habilidades necesarias para desempeñar su labor con eficacia y apego a los derechos humanos. Esto garantizará que los servicios de seguridad privada sean confiables y competitivos a nivel internacional, atrayendo inversiones y fortaleciendo la economía del país.
Asimismo, la seguridad privada desempeña un papel fundamental en la protección de las inversiones estratégicas que México necesita para su desarrollo. Una regulación clara y eficiente permitirá que las empresas de seguridad privada contribuyan a generar confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros, consolidando a México como un destino atractivo para los negocios.
Hacemos un llamado a los legisladores para que aceleren la discusión y aprobación de la Ley General de Seguridad Privada como mandato constitucional. Esta regulación debe garantizar que el sector opere bajo principios de legalidad, profesionalización, supervisión efectiva y sin duplicidades innecesarias entre lo federal, estatal y municipal.
La estrategia nacional de seguridad requiere una visión integral que incorpore a todos los actores involucrados. No podemos permitir que la seguridad privada quede rezagada en este proceso de modernización. La certeza jurídica para el sector es clave para fortalecer la colaboración con las autoridades, atraer inversiones y mejorar la seguridad pública en beneficio de toda la sociedad.
Es momento de cerrar la brecha regulatoria y consolidar un sector de seguridad privada confiable, regulado y alineado con las necesidades del país. Estamos listos para contribuir con propuestas en la construcción de un México más seguro y ordenado.
