La intervención del Poder Judicial será fundamental para detener la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de emitir un decreto para que la Guardia Nacional (GN) dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Después que el mandatario ha expresado que emitirá un acuerdo para que el cuerpo de seguridad forme parte de la Sedena, el organismo dirigido por José Medina Mora Icaza consideró que dicha acción es inconstitucional, pues el Artículo 21 de la Carta Magna señala que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
“Este decreto desmantelará el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de la GN sea civil, lo que representa graves problemas desde el punto de vista jurídico y de operación de la policía y de las Fuerzas Armadas, que ahora tendrían que ceñirse a las regulaciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, apuntó.
Coparmex recordó que actualmente las instituciones militares en el país encabezan tareas de combate al narcotráfico e incautación de estupefacientes.
Subrayó que lo deseable es que la nación cuente con instituciones policiales sólidas a nivel estatal y municipal, que ejerzan funciones preventivas, reactivas y de investigación, donde la intervención de las fuerzas federales sea complementaria y no de sustitución.
Mencionó que el camino correcto para avanzar en la propuesta presidencial es que exista una iniciativa de reforma constitucional en la materia, la cual debe ser discutida por el Poder Legislativo, pues el Poder Ejecutivo “no puede tomar atribuciones que no le corresponden”.
“En Coparmex estamos convencidos que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, pero sabemos que el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado, con instituciones civiles y no militares”, dijo.
Consideró que la mejor manera de combatir a las organizaciones criminales y atender los graves problemas de inseguridad que tiene México es a través de una estrategia que contemple labores de inteligencia, de desarticulación financiera y de cooperación internacional en coordinación con el Poder Judicial para que se dicten sanciones severas y no exista impunidad.
Anotó que para que exista esta coordinación es urgente restablecer y fortalecer los mecanismos institucionales como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Consejo Nacional de Seguridad, puesto que son los entes que deben regular y validar los temas en la materia.
“Creemos que la política de seguridad debe ser transexenal, integral y con un énfasis en la profesionalización de los cuerpos policiales, por lo que nuestro llamado es claro y es a favor de la consolidación de la GN con mando civil”.
“El Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar que la estrategia de seguridad deje a un lado toda improvisación y solución inmediatista”, dijo.
