Se pronuncian sectores por una nueva ley para eliminar la sobrerregulación de la industria.
Evitar que se cometan ilícitos con empresas falsas, certificación en el uso del equipo que usan, así como de la procedencia de las armas que portan, criterios de operación y competencia, son algunos de los temas por los que se impulsa la propuesta de ley de seguridad privada.
Durante el Parlamento Abierto virtual “Análisis del dictamen que reforma los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada”, funcionarios federales y estatales, así como el sector privado y académico opinaron sobre el tema en favor de una nueva ley para eliminar la sobrerregulación.
Durante la reunión virtual, se dio prioridad a los puntos de vista de los actores principales del sector, a quienes beneficia o afecta la decisión de reformar los artículos 73 y 21 constitucionales, tal como sugirió del diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
En una industria que representa un aproximado del 2 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB), reflejado en 700 mil empleos a nivel nacional, con un crecimiento entre el 15 y 20 por ciento, según datos proporcionados por Armando Zúñiga, coordinador general de la Asociación para la Superación de México (ASUME), es importante revisar una ley necesaria y urgente en seguridad privada, sobre todo, que impactará de manera positiva en los usuarios.
“La principal problemática que tenemos es una sobrerregulación, porque tenemos que tramitar 32 permisos estatales, uno en cada Estado aparte permisos federales y municipales, los municipios ya no se empiezan a pedir permisos, entonces, pues toda esta sobrerregulación pega mucho incluso en temas de corrupción y de extorsión”, expresó Zúñiga en entrevista para La Prensa.
El registro actual de las empresas de seguridad privada es de alrededor de 8 mil a nivel nacional, aunque, la autoridad federal tiene registradas alrededor de Mil 500 y en los Estados, se suman alrededor de 3 mil, “esto nos da una idea de que la mitad aproximadamente en las empresas no contarían con un registro y eso es parte de lo que queremos también que con esta ley se pueda corregir”, agregó el coordinador de ASUME.
Una función básica de esta ley que se revisa y discute, es que se “homologue toda la legislación a nivel nacional, que distribuye competencias entre la federación los estados y los municipios, pero, lo principal, es que haya sola una legislación a nivel nacional y que sea acorde al sector, a las tecnologías y a todo lo que hoy se vive”, agregó.
Esta ley pretende dar certidumbre, dado que se promueve la capacitación del personal, mejorar salarios y regularizar a las empresas que están en la informalidad, lo que dará confianza a los usuarios debido a la mejora de la calidad de los servicios.
