Por Alejandro Luna Fandiño
La adopción de la IA, la revisión del T-MEC, la reforma al Poder judicial y la deuda pendiente en el marco de la PI son parte de esos retos.
Etiquetas: T-MEC, Mexico, reforma laboral, propiedad intelectual, negocios
México es ampliamente reconocido como una de las 15 principales economías del mundo, lo que lo convierte en un mercado atractivo para empresas de todo tipo y tamaño que ofrecen productos y servicios. No obstante, 2026 se perfila como un año particularmente retador para las empresas que operan en nuestro país. Esta compleja coyuntura no será consecuencia de un solo factor, sino del conjunto de diversos acontecimientos y de cambios previstos en leyes y regulaciones relevantes.
Entre ellos se encuentran la presión para adoptar herramientas de inteligencia artificial sin un marco normativo claro; un sistema judicial inmerso en una profunda reforma; la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); reformas laborales pendientes que podrían reconfigurar las reglas de empleo e incrementar los costos operativos; así como un marco de propiedad intelectual que aún permanece incompleto. A este escenario se suma la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en América del Norte, que promete generar ingresos significativos en los sectores de turismo y hospitalidad, así como en el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, este evento también traerá consigo complejos retos legales y de cumplimiento normativo relacionados con seguridad, movilidad y, para ciertos sectores, cuestiones vinculadas con patrocinios, derechos de transmisión y propiedad intelectual. Navegar adecuadamente entre estas oportunidades y riesgos exigirá que las empresas replanteen y evalúen de manera estratégica sus planes, actuando con anticipación y rapidez para mantenerse a la vanguardia.
Inteligencia artificial
En el entorno empresarial actual, la inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta esencial; sin embargo, México carece todavía de una regulación específica que abarque de manera integral su implementación. Esta ausencia normativa impacta a todos los actores involucrados —proveedores, emprendedores y usuarios— y genera incertidumbre en materia de cumplimiento. Las empresas que buscan operar bajo esquemas de cumplimiento estricto podrían enfrentarse a cambios legislativos abruptos si no establecen con anticipación políticas internas de gobernanza, gestión de riesgos y control en relación con el uso de inteligencia artificial.
Reforma al Poder judicial
El marco jurídico en evolución añade una capa adicional de incertidumbre. La reforma judicial introdujo la elección por voto popular de jueces de Distrito, magistrados de Circuito y una Suprema Corte de Justicia reducida, integrada por ministras y ministros recientemente designados, lo que podría derivar en criterios impredecibles y en una mayor lentitud en los procesos judiciales. A ello se suman las recientes reformas a la Ley de Amparo, mecanismo constitucional que durante más de un siglo ha sido uno de los principales medios de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad, cuyo alcance se ha visto acotado. Históricamente, el juicio de amparo ha sido un pilar de la certeza jurídica, al permitir que personas físicas y morales impugnen actos de gobierno contrarios a la Constitución. En el contexto actual, se exige acreditar un daño real, específico y diferenciado para la procedencia del amparo, y los requisitos para la concesión de suspensiones frente a actos de autoridad se han vuelto más estrictos.
Revisión del T-MEC
Por su parte, la revisión del T-MEC prevista para 2026 se anticipa más compleja que una simple actualización. Sus consecuencias podrían ser amplias, con el potencial de redefinir las reglas del comercio en América del Norte y afectar la operación cotidiana de las empresas. La agenda de estas discusiones incluye reglas de origen, estándares laborales y ambientales, así como mecanismos de solución de controversias. Incluso ajustes menores a estas disposiciones pueden generar disrupciones en las cadenas de suministro, incrementar los costos de producción y obligar a las empresas a renegociar contratos. Para aquellas compañías que dependen de operaciones integradas en la región, esta revisión representa un momento crítico.
Con el fin de reducir riesgos y mantener su relevancia en el mercado, será indispensable prepararse para distintos escenarios, fortalecer las medidas de cumplimiento normativo e incorporar flexibilidad en las estrategias operativas.
En el corto plazo, uno de los temas más apremiantes será el de las reformas laborales. El reciente anuncio del incremento al salario mínimo, junto con la propuesta de reducción de la jornada laboral, tendrá un impacto significativo en los presupuestos empresariales. Si bien las grandes corporaciones podrían estar en condiciones de absorber estos ajustes, para las pequeñas y medianas empresas podría representar un reto considerable, con efectos relevantes en su viabilidad.
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Protección de la Propiedad Intelectual
Finalmente, la protección de la propiedad intelectual continúa siendo un desafío central. La preocupación no radica únicamente en la complejidad y alta especialización de la materia, sino también en la ausencia de un Reglamento de la ley vigente desde 2020 y en los prolongados plazos para su adecuada aplicación. Tras la implementación de la reforma judicial, los nuevos funcionarios jurisdiccionales se encuentran aún en proceso de familiarización con sus atribuciones, lo que ha generado un entorno de incertidumbre respecto de la aplicación práctica de la legislación en materia de propiedad intelectual. Adicionalmente, las instituciones encargadas de estos asuntos —en particular en el ámbito aduanero y en las acciones penales en materia de propiedad intelectual— enfrentan desafíos de eficiencia y eficacia derivados de recursos limitados, falta de personal, lineamientos de aplicación poco claros y el periodo de transición posterior a las recientes reformas legislativas. Estas demoras impactan de manera directa en la capacidad de las empresas para proteger eficazmente sus activos.
Para los negocios que dependen de la innovación y de la protección de sus marcas, este problema va mucho más allá de una simple dificultad procedimental: puede influir de manera determinante en las decisiones de inversión, en las alianzas estratégicas y en los planes de crecimiento a largo plazo. La buena noticia es que, después de muchos años, la propiedad intelectual se ha colocado en la agenda nacional, por lo que se anticipan mejoras en todos los ámbitos del ecosistema. Un ejemplo de ello es la iniciativa recientemente presentada ante el Senado, que busca modernizar el sistema. Si bien los retos persisten, el contexto actual también abre oportunidades para las empresas y la inversión, en la medida en que existe confianza y optimismo en que se está construyendo un marco jurídico más eficiente, transparente y orientado a la innovación, capaz de impulsar el crecimiento y de fortalecer la posición de México como un actor relevante en la economía global.
