Esta situación afectaría en la toma de decisiones de las empresas extranjeras para alojar nuevas inversiones en el país.
No es la percepción de uno sino de la mayoría de los actores logísticos que coinciden en que México enfrenta problemas estructurales que entorpecen diariamente las actividades en el movimiento de mercancías, una situación que incluso afectaría en la toma de decisiones de las empresas extranjeras para alojar nuevas inversiones en el país.
“La inseguridad es el principal problema que afecta nuestra industria”, ha dicho Claudia Sánchez Porras, directora general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), durante el XXVII Congreso Nacional de Agentes Navieros, organizado por la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac).
La líder gremial de los autotransportistas ha puesto énfasis en que el crimen en las carreteras no ha dejado de experimentar alzas en los últimos años. En lo que va de 2023 se tiene el registro de hasta 82 mil incidencias, de acuerdo con los datos oficiales, en las que incluso no sólo se sufre del robo de las mercancías o las unidades vehiculares, sino también de casos de violencia en contra de los operadores que pueden llegar hasta el homicidio.
Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), un organismo que aglutina a las principales empresas generadoras de mercancías de consumo, ha precisado al auditorio que el Estado de México y Puebla son las principales entidades en el país en donde se da más el robo a las mercancías en tránsito, tales como alimentos, abarrotes, materiales de construcción, entre otros.
Esta situación se da en momentos en que el sector del autotransporte en México presenta una escasez de conductores, calculada en al menos 56 mil plazas, que se dificulta cubrir por el miedo de transitar por las carreteras del país.
“También hacen falta instructores (para los operadores)”, alertó Leonardo Gómez.
Otro tema que afecta a las operaciones de transporte de mercancías son los sobrecostos que se presentan actualmente en los estados y municipios, que imponen distintas tarifas para realizar actividades de carga o descarga e incluso para poder transitar por sus vialidades, y eso, al final del día, “todos los consumidores lo pagamos”, indicó.
En el tema energético, el presidente ejecutivo de la ANTP mencionó que mientras que la flota del autotransporte de carga mantiene una edad promedio superior a los 19 años, que la vuelve operativamente ineficiente a la par de contaminante, en el país aún no existe la infraestructura necesaria para que las empresas inviertan en unidades eléctricas, lo que retrasa el cambio hacia nuevas tecnologías menos contaminantes.
Por su parte, Iker de Luisa Plazas, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), destacó en su participación que la industria requiere de conocer la “nueva lista del Plan Nacional de Infraestructura”, para poder guiar las inversiones de las obras ferroviarias y poder aportar más y mejores opciones multimodales para el movimiento de mercancías.
“Tenemos que migrar donde haya opciones conjuntas de transporte multimodal”, dijo.
Nashielly Escobedo, directora general de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), indicó que las empresas enfrentan un contexto complejo en el proceso del despacho aduanero, en donde estos actores que coadyuban con el Estado en los procesos regulatorios para la introducción de mercancías han sufrido cada vez más de situaciones de extorsión por parte de grupos de la delincuencia organizada.
“Como agentes aduanales tenemos que trabajar en temas que particularmente se vinculan con el tema de seguridad para evitar que nuestra carga se vea contaminada con lavado de dinero, drogas, sustancias ilícitas e inserción de la delincuencia organizada en estos procesos (…) necesitamos que las autoridades trabajen en esos temas en la protección completa en la cadena de suministro”, indicó Escobedo.
A la par, hizo hincapié en que exista una mejor comunicación entre las autoridades implicadas en el despacho aduanero de las mercancías con los actores logísticos relacionados. “No puede ser posible que nuestras cargas se detengan (para sufrir revisiones) y no se tenga ninguna comunicación oficial. Ahí se vulnera el Estado de derecho”, dijo.
