Tras el “incidente” registrado la semana pasada en el que se vio envuelto uno de los escoltas del Fiscal del Estado de México
Por Facundo Rosas
Tras el “incidente” registrado la semana pasada en el que se vio envuelto uno de los escoltas del Fiscal del Estado de México, cuando una persona que conducía una camioneta tipo SUV realizó disparos en contra del vehículo que proporcionaba seguridad al funcionario, se generaron una serie de versiones que hoy en día no acaban de coincidir con la forma en que sucedieron los hechos.
El vacío generado por la falta de información oficial dio pie a que diversos “expertos” salieran a dar su punto de vista a sabiendas que los escasos elementos de información no alcanzaban ni siquiera para plantear una serie de premisas que más tarde dieran sustento a una hipótesis que reuniera los requisitos más elementales desde el punto de vista metodológico, mucho menos para teorías y recomendaciones que no se hicieron esperar.
La necesidad de saber qué fue lo que pasó fue tal que los datos proporcionados por la autoridad inicialmente y otros recabados por algunos medios de comunicación presentes en el lugar de los hechos, rápidamente nos llevaron al mundo de las inferencias de donde difícilmente saldremos y si lo hacemos traeremos más dudas que certezas.
La falta de precisiones al respecto ha sido tal que el lunes 29 de enero por la mañana circuló una versión que indicaba que el agresor trabaja o trabajaba en una empresa de seguridad privada y que por esa razón tuvo acceso al arma de fuego que portaba; que no se ha podido acabar con las empresas de este tipo que operan fuera de la ley y que no existen sanciones en contra de quienes contratan sus servicios. Peor aún, que en este sector han incursionado exfuncionarios y expolicías con historiales no muy limpios e incluso contratan a delincuentes con antecedentes penales.
Dado el alcance que pudiera tener éste tipo de información no confirmada, no estaría mal que antes de emitir una aseveración de este esta naturaleza y en el mejor de los casos una opinión, mejor buscaran datos precisos de lo que se ha venido haciendo en materia de seguridad privada a nivel nacional e incluso internacional, en particular por parte de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) que aglutina 260 empresas debidamente registradas y con personal evaluado y capacitado, cuyo presidente (Gabriel Bernal Gómez) ha informado a detalle sobre las necesidades y avances del sector.
Al respecto destaca que la AMESP ha pugnado por una Ley General de Seguridad Privada que sustituya a la actual que ha quedado rebasada por la existencia de legislaciones a nivel estatal que muchas veces son contradictorias e incluso hay reglamentos municipales que hacen más costosos y engorrosos los trámites para la operación. Dicha Ley sigue siendo un proyecto pese a que desde noviembre de 2021 el poder legislativo estaba obligado a emitirla para que se materializara en 2024.
Pero además el compromiso de dicha asociación es profesionalizar, certificar bajo estándares de competencia (CONOCER) y dignificar la función de los guardias de seguridad privada y de todo su personal directivo, como coadyuvantes de las instituciones de seguridad pública en materia de prevención del delito.
Lo profesionalización incluye evaluaciones en materia de control de confianza de sus guardias conforme a los estándares con los que hoy se evalúa al personal dedicado a labores de seguridad pública, incluida la Guardia Nacional, y que por cierto no todos han cumplido, pero señalan al guardia de seguridad privada de omiso y falto de capacitación.
Desafortunadamente aún hay algunas empresas que presentan áreas de oportunidad en el rubro de Compliance, pero hay directivos a nivel nacional que todos los días están buscando soluciones a la problemática de la inseguridad incorporando tecnología de punta a sus labores, coordinándose con autoridades de los tres niveles de gobierno y dialogando con legisladores para tener mejores leyes y reglamentos en favor de los guardias, clientes y la sociedad en general. Es decir no todo es atraso e incumplimiento de los ordenamientos jurídicos como se pretende hacer creer tras el penoso “incidente” antes mencionado.
