Por Fernando Vaccotti
Capitán de Navío (R) Armada Nacional Uruguay; ex Consejero de Seguridad de ONU (UNSECOORD – UNDSS – WFP) para región Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay y Triple Frontera), Colombia, Haití, República Dominicana, Guyana, Suriname, Irak, el Líbano, Jordania, Timor Oriental y Venezuela.
La captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas no fue simplemente un golpe político: fue, sobre todo, la demostración brutal de que el esquema de seguridad que sostenía al régimen estaba fracturado desde adentro. En términos técnicos y estratégicos, lo ocurrido no puede explicarse únicamente como una operación militar externa exitosa; debe interpretarse como el resultado acumulado de fallas estructurales, institucionales y operativas que, tarde o temprano, hacían inevitable un colapso.
La primera gran falla fue la de la alerta temprana y la vigilancia integrada. Durante años, el gobierno venezolano alimentó una narrativa de fortaleza defensiva basada en la adquisición de sistemas de radar y defensa antiaérea provenientes de Rusia, China e Irán, y en la existencia formal del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI). Sin embargo, la realidad quedó expuesta: la defensa no operaba como un sistema coherente. Un esquema de protección presidencial depende de una arquitectura integrada de sensores, comunicaciones y respuesta inmediata. Si esa arquitectura falla, el equipamiento se convierte en simple “decoración estratégica”. Lo que se evidenció fue una brecha crítica entre la tecnología adquirida y la capacidad real de operarla, mantenerla, conectarla y, sobre todo, usarla bajo presión en tiempo real.
Esto no es un detalle menor. En cualquier Estado moderno, la protección del jefe de Estado depende de una cadena de mando ágil y altamente disciplinada. Cuando los sistemas no están correctamente mantenidos, cuando la tropa pierde motivación y cuando los operadores no entrenan bajo estándares exigentes, la seguridad se transforma en una ficción burocrática. Venezuela acumulaba señales claras: equipos envejecidos, falta de mantenimiento, comunicaciones degradadas, escasa interoperabilidad entre unidades y una doctrina defensiva rígida, fácilmente anticipable por un adversario con capacidad tecnológica superior.
En segundo lugar, falló el esquema de seguridad personal del propio Maduro, especialmente por su dependencia de rutinas previsibles. El principio básico de la protección de altos dignatarios bajo amenaza permanente es la imprevisibilidad: cambios de rutas, variación de horarios, protocolos dinámicos, planes de evacuación y redes redundantes de refugio seguro. El régimen, sin embargo, se había instalado en una lógica de fortificación estática, confiando en “zonas protegidas” como si fueran inexpugnables. En contextos de guerra híbrida y operaciones especiales, la fortificación por sí sola no garantiza supervivencia. De hecho, muchas veces se convierte en una trampa, porque el adversario sabe exactamente dónde está el objetivo.
Este punto se conecta con una falla aún más delicada: la crisis de confianza dentro del propio aparato estatal. En los regímenes autoritarios, la seguridad se vuelve una paradoja: cuanto más se concentra el poder y más se reprime a la sociedad, más se deteriora la lealtad real de los cuadros internos. La estructura se sostiene por temor y control, pero se debilita por la falta de convicción y cohesión. En ese contexto, la infiltración y las filtraciones se vuelven inevitables. La neutralización rápida del esquema de protección presidencial sugiere fallas de inteligencia internas profundas: información sensible que circuló, descoordinación entre unidades, ausencia de reacción sincronizada, y posiblemente desobediencia pasiva de algunos sectores. En otras palabras, el régimen no fue vencido solo desde afuera; fue debilitado por grietas internas que venían creciendo desde hace años.
A esto se suma el deterioro institucional provocado por la crisis económica y la corrupción estructural. Cuando un Estado entra en colapso financiero, su aparato de seguridad también se degrada. La seguridad presidencial requiere logística constante, combustible, movilidad, mantenimiento de equipos, entrenamiento permanente, salarios adecuados y moral institucional. Venezuela venía acumulando un desgaste severo: fuga de personal calificado, degradación de capacidades profesionales y una pérdida progresiva de disciplina operacional. La corrupción, además, genera una lógica destructiva: las unidades compiten por recursos, se fragmentan en feudos internos y dejan de responder a una visión estratégica común.
En cuarto lugar, el régimen se apoyó en una estrategia de seguridad “politizada”, no profesional. El uso de milicias, colectivos armados y estructuras parapoliciales como instrumentos de control interno debilitó la cadena formal de mando y generó un ecosistema de fuerzas con lealtades diversas. Estas organizaciones pueden servir para intimidar y controlar barrios, pero no son una herramienta efectiva para enfrentar una operación sofisticada de fuerzas especiales. Su lógica es la coerción interna, no la defensa estratégica del Estado. Esa sustitución de profesionalismo por militancia fue un error grave: convirtió el aparato de seguridad en un mosaico desordenado, donde abundaba la violencia política pero escaseaba la capacidad real de defensa ante amenazas de precisión.
Finalmente, Maduro y su círculo cercano cometieron un error clásico: la sobreconfianza. Durante años, el régimen se sostuvo en alianzas internacionales con Rusia, Irán y Cuba, proyectando una imagen de blindaje geopolítico. Sin embargo, esas alianzas no garantizan seguridad efectiva si no se traducen en doctrina coherente, entrenamiento profesional y capacidad real de respuesta. Tener asesores extranjeros o equipamiento avanzado no reemplaza la preparación operativa, ni resuelve la fragmentación interna, ni corrige la desmoralización de una estructura militar sometida a presiones económicas y políticas.
En síntesis, lo que falló en el esquema de seguridad del presidente Nicolás Maduro no fue un elemento aislado, sino un conjunto de debilidades acumuladas: una defensa aeroespacial incapaz de funcionar como sistema integrado; protocolos de seguridad personal rígidos y previsibles; fallas graves de inteligencia interna y confianza institucional; deterioro estructural por crisis económica y corrupción; dependencia de fuerzas irregulares con escasa capacidad real; y una falsa sensación de invulnerabilidad basada en propaganda, no en doctrina efectiva.
