Por Omar Sánchez de Tagle
La regulación, supervisión y colaboración con las empresas de seguridad privada para mitigar el principal reto del Gobierno: acabar con la violencia y eliminar el crimen organizado, que en algunas zonas del país mantiene el control de las plazas públicas, es una tarea que no debería dejarse de lado, ni minimizarse.
En los últimos días, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado las irregularidades en que operan estos prestadores de servicios, entre estos ejemplos, citó a la compañía que se encarga de la protección de periodistas y defensores de Derechos Humanos que se encuentran bajo amenaza del hampa.
En México, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Privada, organismo creado hace 23 años, operan seis mil empresas de este tipo, de las cuales, tres mil 500 lo hacen en condiciones irregulares, por lo que elaborar un marco regulatorio debería ser uno de los principales objetivos del Poder Legislativo, con lo que las bancadas mayoritarias de Morena estarían generando instrumentos jurídicos que servirían de apoyo para llevar a cabo un trabajo conjunto y coordinado con la Guardia Nacional.
Ayer, en el marco del Primer Encuentro Nacional de Seguridad Privada, las empresas que integran el Consejo Nacional de Seguridad Privada llamaron al Congreso de la Unión a dar certidumbre al sector a través de la creación de una Ley General, por el que también se establezcan parámetros claros para la operación de las mismas y se acote la participación de prestadores de servicios que no cuentan con la experiencia o el personal capacitado.
En el discurso, el evento pareciera encaminarse hacia buen puerto, toda vez que la subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Patricia Bugarín, consideró necesario que existan convenios para el intercambio de información, así como una estrecha colaboración para que se establezcan protocolos de acción comunes entre el sector privado y el público.
La Cámara de Diputados ya cuenta con una iniciativa de la Ley General de Seguridad Privada cuyo principal objetivo es homologar las diversas normas estatales en una sola nacional y fortalecer el registro único de personal y equipamiento, al mismo tiempo que se protejan los derechos humanos y laborales de quienes trabajan en tales empresas, habrá que esperar si la presidenta de la Comisión de Seguridad, Juanita Guerra, logra la creación de un dictamen que cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas.
Una señal de la importancia con que el Gobierno federal está considerando la operación de las empresas de seguridad privada es que Alfonso Romo, encargado del Consejo de Fomento a la Inversión, el Crecimiento y el Empleo, nombró como presidente de Seguridad de ese órgano a Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.
Lo que habrá que tomar en cuenta es que si se regula y se da un buen marco normativo a las empresas de seguridad privada, éstas podrían auxiliar desde esa trinchera a la seguridad de las diversas corporaciones policiacas, pues tan solo con compartir la información y alertar podrían prevenir diversos delitos del orden común.
