Armando Zúñiga Salinas —Enlace Legislativo y Consejero de Coparmex Nacional, Presidente de ASUME y Grupo IPS, Consejero del CCE y Concamin— reflexiona sobre el sector de la seguridad privada.
Armando Zúñiga Salinas asegura que la industria de la seguridad privada en México es clave para enfrentar los desafíos de protección en el país.
El sector de la seguridad privada en México se perfila como una fuerza económica significativa al representar el 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y generar cerca de 900 mil empleos directos. A pesar de los desafíos que enfrenta, se prevé que esta industria continúe creciendo en 2025, impulsada por la alta demanda de servicios de protección y vigilancia ante los retos de seguridad pública en el país.
En los últimos cinco años, la industria ha registrado un aumento del 25%, reflejo de su importancia en la economía nacional. Sin embargo, enfrenta barreras que obstaculizan su desarrollo. La falta de una Ley General de Seguridad Privada complica la regulación efectiva del sector, abriendo espacio a prácticas corruptas en regiones con supervisión federal limitada. Además, las reformas laborales que fijan una jornada máxima de 40 horas semanales y un aguinaldo mayor representan retos financieros significativos para las empresas del ramo.
Uno de los principales desafíos para el sector son las condiciones laborales, que incluyen alta rotación de personal, escasez de beneficios y jornadas extensas, aspectos que afectan tanto a los trabajadores como a la calidad del servicio. No obstante, el panorama también presenta oportunidades clave. La profesionalización mediante la certificación y capacitación del personal puede mejorar significativamente la calidad de los servicios. Además, la adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y la ciberseguridad, promete incrementar la eficiencia y efectividad del sector.
Un factor externo que impulsa la demanda de servicios de seguridad es el nearshoring, con la llegada de empresas extranjeras al país. Datos oficiales reportan una inversión extranjera directa de más de 31 mil millones de dólares en el primer semestre de 2024, una cifra que resalta la necesidad de empresas de seguridad privada confiables y preparadas para proteger activos e instalaciones.
En síntesis, las perspectivas hacia 2025 son alentadoras, pero requieren superar retos regulatorios y laborales. Empresas serias y comprometidas tienen el potencial de fortalecer el sector, contribuyendo al bienestar económico y social del país.
