Existe una falta de regulación de la seguridad privada en distintos ámbitos, incluidos bares y antros, un tema que no se ha regulado por la falta de voluntad de las autoridades, reconocieron especialistas y líderes del gremio consultados por Tribuna de Querétaro, esto en el contexto del homicidio y lesiones a consumidores registrados en 2022.
El presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas del estado de Querétaro, Rogelio Garfias Torres, destacó que no hay ningún estatuto que regule la contratación de personal de seguridad privada, aunque anteriormente sí había uno.
“Hoy como tal, no hay un régimen. Cabe mencionar que en el antiguo gobierno todos los lugares tenían que tener dos guardias que estaban calificados por la Secretaría de Seguridad y ellos estaban comunicados con las autoridades”, apuntó Garfias Torres.
En dicho régimen, había obligaciones como un sistema de cámaras de seguridad funcional, miembros de seguridad privada calificados y una colaboración con el ministerio público ante cualquier imprevisto.
Por su parte, Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, señaló que solicitaron un parlamento abierto a autoridades locales sobre la iniciativa en materia que sigue pendiente de discutirse en la Legislatura del Estado, la cual surgió a consecuencia de los hechos violentos del estadio Corregidora.
“Se le solicitó al presidente de la Comisión de Seguridad y un integrante del congreso local que el sector fuera escuchado, que fuéramos invitados para un foro de parlamento abierto, pero han sido sordos y ciegos”, lamentó.
Agresiones de 2022
El caso mediático más reciente de violencia en antros ocurrió el 18 de diciembre, cuando un turista estadounidense fue golpeado por personal de seguridad en La Culpable, Juriquilla; tuvo que ser trasladado a un hospital en donde falleció el 23 de diciembre. Hasta el momento las autoridades de aquel país no se han pronunciado al respecto.
En cuanto a las investigaciones, el Tribunal Superior de Justicia confirmó que la carpeta está judicializada y a inicios de año se emitieron órdenes de aprehensión contra dos personas sospechosas, pero no se ha informado de su detención.
Los casos de violencia son constantes, pues además del ciudadano estadounidense asesinado, hubo otras denuncias por agresiones. Uno corresponde al influencer Aaron Mercury, quien en junio denunció haber sido golpeado por cadeneros del antro Pepe El Toro.
De igual forma, un joven de nombre David acusó que elementos de seguridad lo llevaron al sótano del antro Coyote House, donde fue golpeado. De igual forma, se viralizó el caso del club nocturno La Última Luna, donde dos personas fueron sacadas a golpes por personal del lugar.
Autoridades limitadas
El 4 de enero, Guadalupe Murguía Gutiérrez, secretaria de Gobierno del estado, señaló que es importante la regulación del personal para evitar más casos de violencia:
“Me parece importante regular el esquema de seguridad privada en los antros, qué características tiene, porque no es posible que haya exceso de fuerza al grado tal que un cliente por un mal golpe puede perder la vida”.
En aquella misma entrevista, Murguía Gutiérrez señaló que las facultades de acción del gobierno estatal eran limitadas, pues compete primordialmente el tema de la licencia de alcoholes, mientras que la licencia de funcionamiento, prioritaria para operar, es responsabilidad de los gobiernos municipales.
No obstante, en agosto pasado, Arturo Molina Zamora, secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, aclaró que las agresiones no eran competencia del área de inspección municipal: “Ante un incumplimiento de esta naturaleza se pueden abrir procesos administrativos que pueden ir desde una multa hasta una clausura del establecimiento”.
