La reducción operativa de varias empresas ha disminuido el flujo de efectivo a compañías que se encargan de su seguridad.
Las complicaciones financieras derivadas de la pandemia por COVID-19 ya se sienten en el país. Uno de los sectores más afectados es el de la seguridad privada, pues miles de empresas a las que brindan sus servicios han tenido que parar actividades, lo que se traduce en menos flujo de efectivo para cumplir con sus obligaciones económicas en general, poniendo en peligro su operatividad.
Es por ello que ASUME (Agrupaciones de Seguridad Unidas por México) pide al gobierno federal que promueva un esquema de recaudación fiscal en el que este tipo de compañías puedan diferir el pago de sus cuotas de carga social (IMSS, INFONAVIT y Retiro, Cesantía y Vejez) durante el periodo en que se mantengan las restricciones operacionales.
El papel de ASUME, como Grupo IPS, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular mediante GPS (ANERPV), la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Adherentes (UNESPA) y la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Ciudad Juárez, es de suma importancia para mantener el resguardo de bienes y la seguridad de millones de mexicanos, una vez que los efectos sociales de la pandemia por coronavirus comiencen a reflejarse en saqueos, asaltos y robos, o como ya se ha visto, en agresiones a empleados del sector salud.
Las empresas de la industria de la seguridad privada han demostrado solidaridad con México y sus colaboradores, pues han mantenido las condiciones laborales de sus empleados o la pérdida no ha superado el 15%. Sin embargo, de no generarse los apoyos fiscales necesarios de manera urgente, el desempleo en el sector podría incrementarse hasta en un 30%.
Diferir el pago de cuotas de carga social permitiría a las empresas mantener su flujo de efectivo para ser destinado a pagar nóminas y otros costos fijos que podrían paralizar la operación por falta de liquidez.
ASUME quiere seguir contribuyendo al bienestar de México como una de las acciones catalogadas como esenciales por la Secretaría de Salud federal y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), implementando las medidas de sanidad correspondientes y siendo apoyados por el gobierno federal en material fiscal.
