A la par, crecen empresas irregulares o patito del ramo; prestadores de estos servicios reclaman al Congreso la falta de una ley general en la materia
La violencia y el alza en delitos de alto impacto como la extorsión y los homicidios causaron un aumento en la contratación de servicios de empresas de seguridad privada en el país. Sin embargo, la falta de una Ley General de Seguridad Privada ha generado también una mayor proliferación de empresas irregulares o patito.
Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023 del Inegi, en 2022 se contabilizaron seis mil 138 empresas de seguridad privada en todo el territorio nacional. La cifra implicó un aumento de 4.5% en comparación con la cifra de empresas registradas en 2021, el mayor incremento en este sector desde 2010.
La demanda también va al alza. En entrevista con ejecentral, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién Santos, aseguró que de 2023 a la fecha “el incremento de servicios de seguridad privada ha sido por más de 25 por ciento”.
Sin embargo, señaló que la falta de una adecuada regulación en el sector impide tener control en el número de empresas irregulares y sus servicios, pues los elementos tienen mucho contacto directo con la sociedad debido a que prestan seguridad privada en plazas comerciales, escuelas, aeropuertos, por mencionar algunos sitios.
“El gran problema es que hoy es más fiscalizable, es más sancionable, una empresa regular que una irregular, porque la empresa regular tiene imagen corporativa, un domicilio donde la pueden notificar, un registro de sus uniformes y tiene que cumplir con todos los requisitos para mantener su permiso de operación”, expresó.
En contraste, explicó Sapién Santos, las empresas conocidas como patito o irregulares, aprovechan estos vacíos legales para ofrecer servicios a un costo muy bajo, sin capacitación ni protocolo de actuación, por lo que “generan mucha inseguridad para quien contrata este tipo de servicios e incurren en violaciones de los derechos laborales de los trabajadores”.
Promesa pendiente
Ante la falta de un padrón confiable, estimaciones de organizaciones sociales indican que actualmente hay entre tres mil y ocho mil empresas irregulares de seguridad privada que operan en el país.
En el contexto del foro sobre la Ley General de Seguridad Privada que en febrero pasado se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, la legisladora Rocío Reza Gallegos refirió que 35% de las empresas de seguridad privada no estaban reguladas, por lo que llamó a destrabar la discusión sobre una más adecuada legislación en este sector.
“Se encuentra pendiente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que han venido trabajando ya muchísimos meses sobre este ordenamiento legal con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con todas las instancias necesarias para culminar con esta ley general, que sigue pendiente de dictaminar”, manifestó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN).
En palabras del presidente del CNSP, el foco de atención en el tema electoral y de los propios legisladores que se están posicionando para otros cargos públicos ha dejado relegado el asunto de la regulación de la seguridad privada, pese a haber sido una promesa de campaña del ahora mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador.
“Se ha disminuido la voluntad política de algo que en su momento y de manera personal don Andrés Manuel López Obrador me dijo que había que dotar un nuevo cuerpo normativo, una ley en materia general de seguridad privada del país, cosa que hasta hoy se ha mantenido en la congeladora, a pesar de que hay un mandato constitucional de que así se realice y no se ha llevado a cabo”, recalcó Sapién Santos.
En ese sentido, también reprochó que a más de dos años de que por mandato constitucional se ordenó al Congreso expedir una Ley General de Seguridad Privada, “es una vergüenza que hasta hoy en día ni siquiera ha sido propuesto o presentado un proyecto ante el Congreso de la Unión”. Además, el empresario expresó su preocupación por esta situación, ya que dificulta el seguimiento y la regulación adecuada del sector de seguridad privada en el país.
Incluso Sapién Santos destacó la importancia de contar con un marco legal completo y actualizado que permita garantizar la transparencia y eficacia en el funcionamiento de estas empresas. Además, instó a las autoridades a priorizar esta medida para mejorar la seguridad en el país.
Falla continuidad
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada subrayó la importancia de intensificar los esfuerzos para combatir la delincuencia, considerando los altos costos de protección en hogares y empresas en 2022. También enfatizó la necesidad de mantener y fortalecer las acciones vigentes en materia de seguridad.
“Muchas autoridades son incrédulas para ver el sector de la seguridad privada como un aliado para compartir información a las secretarías de seguridad pública, a las propias fiscalías de todos y cada uno de los ojos y cámaras que hoy en el sector de la seguridad privada se tienen en nuestro país y donde en muchas ocasiones resulta materialmente imposible que la seguridad pública pueda estar en cada esquina, en cada rincón, en cada plaza comercial”, mencionó.
Sobre ese punto, Sapién Santos aseguró que el tema de la seguridad no debe tratarse como una promesa de campaña de ningún partido político, sino como una obligación de garantizar las condiciones para sentirse seguro en cualquier entorno social para el desempeño de las actividades diarias de la ciudadanía.
Insistió: “No puede ser que cada que hay un cambio de gobierno se deja de evaluar lo que pudo haber dado resultados, es decir, no pueden desaparecerse cada sexenio las instituciones de seguridad pública, los planes de seguridad que ya fueron implementados. Debe haber una evaluación integral cuantitativa y cualitativa de lo que sí sirvió para conservarlo y de lo que no sirvió para rehacerlo, restablecerlo”.
Entre las propuestas que desde el Consejo se están impulsando con los candidatos presidenciales y con los de la Ciudad de México, está el que se atienda la “porosidad” de la frontera norte del país para frenar el tráfico de armas y así disminuir la violencia homicida.
En cuanto al tema de la extorsión, manifestó: “No sólo es dotar a nuestro país de una nueva ley de carácter federal, sino fortalecer las fiscalías y los actos de investigación para garantizar los derechos de las víctimas y que en realidad no va a haber consecuencias porque vayan y denuncien”.
