Representantes de ASUME, AMESP, ANERPV y GEMARC presentaron datos importantes sobre la Seguridad Privada en México ante medios de comunicación y representantes de la Industria de la Seguridad Privada.
El primero en tomar la palabra fue Héctor Coronado de GEMARC, quien recordó que uno de los objetivos que tienen es hacer sinergia con la seguridad privada pues actualmente los retos para las empresas son las limitaciones que puede tener ante el incremento de la delincuencia por lo que instó a los empresarios a asesorarse para llevar a cabo inversiones inteligentes y así en conjunto, empresas y asociaciones, lograr un cambio real.
Por su parte, Víctor Presichi, presidente de la asociación nacional de empresas de rastreo y protección vehicular, ANERPV, dijo que el transporte de carga y distribución es el que sufre mayor número de robos, lo que genera pérdidas a la empresa que transporta mercancías y a toda la cadena de valor, incluyendo empresas de seguridad privada. También reconoce que los robos son cada vez más violentos, por lo que recordó que el 90 por ciento de los esfuerzos de la seguridad privada se deben centrar en la prevención, mientras que el 10 por ciento restante en la reacción y acción tras algún hecho delictivo, los cuales se han incrementado. En lo que va de este 2023 se han registrado 625 eventos donde el Estado de México es la entidad con el mayor volumen de incidencias delictivas, seguido de Jalisco, Puebla, Guanajuato y Michoacán.
Daniel Espinosa, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, AMESP, resaltó que cada una de las actividades que las empresas de seguridad realizan están vinculadas a las actividades económicas del país “lo cual nos convierte en un aliado” y en su opinión donde tienen que mirar hoy estas empresas es en sus presupuestos, pues es importante saber cuánto cuesta hoy la seguridad. Generando un balance mediante estadísticas y operaciones de costos de gastos federales, de capacitación, exámenes, registros y salarios han podido llegar a un número que parece justo donde un elemento de seguridad básico debería de estar cerca de los $20,000 por un turno de 8 horas, cifra aún no lograda por lo que invitó a seguir trabajando en conjunto para llegar a este monto y no permitir que una empresa pague por debajo del marco de la ley.
Por su parte Armando Zúñiga, presidente de ASUME, presentó datos recabados por su equipo de analistas como el que 4 de cada 100 empleos en México son generados por la seguridad privada en todos sus rubros lo que significa una aportación del 2 por ciento al producto interno bruto (PIB) mexicano. En cuanto al salario promedio mensual en la industria ha aumentado de 6,352 mensuales en 2019 a 9,576 para este año y reconoce que son salarios bajos conforme a la pirámide, pero que están trabajando para que esto incremente. También dijo que ha habido un crecimiento de empresas registradas ante el seguro social de 5,386 hace un par de años a 7,412.
En la conferencia de prensa quienes convocaron enfatizaron que es necesario impulsar una Ley General de Extorsión pues “de todos los delitos que se comenten con vehículos no hay un registro”. Armando Zúñiga recordó que siguen trabajando a la espera de que salga la Ley de Ciberseguridad, pues elementos como la inteligencia artificial y las bases de datos “se vuelven trascendentales para salvaguardar y mitigar posibles conductas delictivas con anticipación”, así como para poder responder de inmediato cuando se registra algún incidente delictivo.
El presidente de ASUME también recordó que las empresas instaladas en México invierten hasta un 8 por ciento de sus operaciones para garantizar la seguridad de sus trabajos y para finalizar Zúñiga Salinas destacó que la relocalización de empresas o “nearshoring” hacia México representa una oportunidad para el sector, ya que todas las nuevas compañías que se instalen en el país tendrán la necesidad de contratar seguridad privada para garantizar sus operaciones.
