La Confederación advirtió ante diputados que los derechos de las audiencias y la libertad de expresión son complementarios y subrayó que la certeza jurídica también resulta fundamental para la inversión, la confianza y el crecimiento económico.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que la protección de los derechos de las audiencias no debe traducirse en mecanismos de control editorial ni en facultades que permitan a las autoridades intervenir en la valoración de los contenidos informativos.
Durante su participación en el Foro sobre Libertad Editorial, Regulación y Derechos de las Audiencias, organizado por la Cámara de Diputados, el vicepresidente nacional de Comunicación de COPARMEX, Armando Zúñiga Salinas, quien acudió en representación del presidente nacional de la Confederación, Juan José Sierra Álvarez, sostuvo que los derechos de las audiencias y la libertad de expresión no son principios incompatibles, sino derechos que deben fortalecerse de manera simultánea.
La organización empresarial enfatizó que una regulación excesiva o discrecional podría propiciar autocensura, debilitar la libertad de expresión y afectar la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de una sociedad democrática.
Zúñiga Salinas señaló que la mejor protección de las audiencias no proviene de un Estado que decide por ellas, sino de ciudadanos capaces de formar su propio criterio y tomar decisiones informadas. En ese sentido, destacó que ninguna autoridad puede sustituir el juicio libre de una sociedad democrática.
La postura de COPARMEX parte de la defensa de dos principios fundamentales: el derecho de las audiencias a contar con mecanismos efectivos para hacer valer sus derechos y la necesidad de preservar la independencia editorial de los medios de comunicación.
La Confederación reconoció la importancia de fortalecer la transparencia, la diferenciación entre información y publicidad, la accesibilidad para las personas con discapacidad, la rendición de cuentas y las Defensorías de las Audiencias. Sin embargo, consideró necesario revisar con profundidad diversos aspectos de los lineamientos sometidos a consulta pública para evitar posibles afectaciones a la libertad de expresión y al pluralismo democrático.
COPARMEX expresó particular preocupación ante la posibilidad de que una autoridad administrativa pueda determinar qué información debe considerarse verdadera, suficientemente contextualizada o aceptable desde una perspectiva oficial.
Al respecto, recordó que los estándares internacionales en materia de libertad de expresión establecen que las opiniones no pueden someterse a juicios oficiales de veracidad y que cualquier medida estatal relacionada con contenidos debe apegarse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La Confederación sostuvo que el papel de una autoridad reguladora debe concentrarse en garantizar procedimientos y derechos, sin convertirse en árbitro de los contenidos informativos. Desde esta perspectiva, advirtió que cuando una autoridad comienza a calificar contenidos editoriales puede pasar de proteger las condiciones del debate público a intervenir directamente en él.
Asimismo, alertó que la imposición de sanciones económicas significativas bajo criterios subjetivos podría generar incentivos para evitar investigaciones sensibles, temas controvertidos o posturas críticas, con el consecuente riesgo de autocensura.
Otro de los puntos expuestos durante el foro fue la necesidad de establecer definiciones regulatorias claras, objetivas y verificables. Para COPARMEX, conceptos como “veracidad”, “información falsa” o “información descontextualizada” requieren criterios precisos que eviten interpretaciones discrecionales y otorguen certeza sobre el alcance de las obligaciones regulatorias.
La organización enfatizó que toda regulación debe respetar plenamente la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de audiencia, además de garantizar que cualquier medida sancionadora sea proporcional, previsible y esté sustentada en facultades claramente establecidas en la ley.
COPARMEX también vinculó este tema con el entorno económico. Señaló que la certeza jurídica constituye una condición indispensable para la inversión y el crecimiento, ya que cuando la discrecionalidad sustituye a reglas claras, la confianza se debilita.
Un escenario en el que los contenidos editoriales puedan ser cuestionados mediante criterios subjetivos o discrecionales, indicó, incrementaría la incertidumbre regulatoria y enviaría señales desfavorables a sectores estratégicos como los medios de comunicación, las telecomunicaciones y la economía del conocimiento.
Durante el encuentro con integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, la Confederación reiteró la necesidad de fortalecer los derechos constitucionales de las audiencias, impulsar la transparencia, los códigos de ética y las Defensorías Independientes, así como preservar la autonomía editorial de los medios.
También planteó la importancia de establecer procedimientos sancionadores graduales, proporcionales y previsibles, proteger la independencia de las Defensorías de las Audiencias y evitar cualquier disposición que pueda derivar en censura directa o indirecta.
De igual forma, COPARMEX llamó a actuar con prudencia frente a mecanismos que pudieran utilizarse para identificar, señalar o estigmatizar públicamente a periodistas, medios de comunicación, analistas o ciudadanos debido a sus posiciones críticas.
Finalmente, la Confederación reafirmó que México requiere ampliar los espacios para la libertad, la diversidad de opiniones y el debate abierto, en lugar de restringirlos.
Para COPARMEX, la protección de los derechos de las audiencias y la defensa de la libertad de expresión son condiciones indispensables para consolidar una democracia sólida, una economía competitiva y una sociedad verdaderamente libre.
La organización aseguró que continuará impulsando un marco regulatorio que fortalezca a las audiencias sin debilitar a los medios, que otorgue certidumbre sin abrir espacio a la discrecionalidad y que privilegie la ampliación de las libertades, bajo la premisa de que el futuro democrático del país depende de ciudadanos libres, instituciones confiables y una conversación pública abierta y plural.
