Por Janette Rodríguez
CEO de DIA1 y Executive Director de la Cámara de Comercio México–Estados Unidos, Capítulo Aguascalientes.
Especialista en arquitectura territorial y organizacional, liderazgo, toma de decisiones y sostenibilidad organizacional.
Las empresas han aprendido a anticipar interrupciones logísticas, amenazas digitales, volatilidad financiera y riesgos regulatorios. Construyen matrices, establecen controles y asignan responsables. Sin embargo, existe una vulnerabilidad que rara vez se discute con la misma profundidad en los comités directivos: ¿qué ocurre con la continuidad del negocio cuando las personas que lo hacen posible enfrentan dificultades para recibir atención médica o acceder oportunamente a tratamientos seguros?
Hace unos días, al leer una publicación sobre el French Healthcare Day México 2026, celebrado en Ciudad de México, me detuve en las reflexiones que convocaron a especialistas, instituciones y representantes de la industria en torno a la innovación, el acceso y la evolución de los servicios de salud. La conversación tenía un propósito sanitario y tecnológico; mi lectura, en cambio, derivó hacia una pregunta empresarial: ¿cuánto de lo que llamamos productividad depende de condiciones de salud que nuestras organizaciones no controlan, pero tampoco pueden darse el lujo de ignorar?
La distinción importa. Innovar en medicina no garantiza, por sí mismo, que las soluciones lleguen a las personas. Entre el avance científico y la recuperación de un paciente existen disponibilidad, oportunidad, capacidad de pago, información confiable y cadenas de suministro íntegras. Esa distancia no es un asunto exclusivo de hospitales, aseguradoras o fabricantes. También interpela a los empleadores, porque una fuerza laboral no puede sostener su desempeño cuando atenderse se convierte en una carrera de obstáculos.
Los datos mexicanos permiten dimensionar una parte del problema sin recurrir a conclusiones apresuradas. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), con base en la ENIGH 2024, el gasto de bolsillo en salud alcanzó un promedio de 6,421 pesos anuales por hogar; de ese desembolso, 38.3% se destinó a medicamentos. Son cifras sobre economía familiar, no sobre pérdidas empresariales. Precisamente por eso resultan relevantes: muestran que el acceso a tratamientos implica decisiones y presiones financieras que acompañan a las personas mucho después de salir de su centro de trabajo.
La discusión se vuelve más delicada cuando la necesidad de conseguir un tratamiento abre espacio a canales de comercialización de origen incierto. La Organización Mundial de la Salud advierte que los productos médicos subestándar o falsificados pueden fallar en su propósito terapéutico y poner en riesgo la salud. Conviene separar conceptos: no toda compra digital es irregular, ni la dificultad económica conduce inevitablemente a adquirir medicamentos inseguros. Pero cuando coinciden urgencia, desinformación y barreras de acceso, la protección del paciente requiere algo más que recomendaciones generales.
Desde el sector empresarial, el riesgo comienza a tomar otra forma. Un tratamiento que se retrasa, una enfermedad que se prolonga o una recuperación incompleta pueden traducirse en ausencias, reorganización de turnos, sustituciones temporales y sobrecargas para otros integrantes del equipo. En determinadas operaciones, especialmente aquellas que dependen de conocimientos especializados o procesos continuos, el efecto puede extenderse a la calidad, los tiempos de respuesta y el cumplimiento de compromisos. No es una relación automática ni idéntica para todas las compañías; es una exposición que merece ser examinada.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce, al estudiar los productos farmacéuticos falsificados, pérdidas de ingresos asociadas con enfermedades prolongadas y costos de productividad vinculados con la búsqueda de atención adicional. Señala que estos efectos pueden alcanzar a las empresas y a la economía. Esta evidencia respalda la existencia del mecanismo, no una cifra de ausentismo atribuible al fenómeno en México. La diferencia entre ambas afirmaciones es esencial si pretendemos discutir riesgos con seriedad.
También revela una paradoja de gestión. Muchas organizaciones conocen el costo unitario de una hora de producción detenida, pero desconocen si sus trabajadores pueden obtener oportunamente los medicamentos indicados. Miden rotación, clima laboral y utilización de prestaciones; pocas veces contrastan esas métricas con la experiencia efectiva de atención. Contar con una póliza, un convenio médico o una prestación farmacéutica no equivale necesariamente a resolver el acceso. El beneficio existe en el contrato; su valor real aparece cuando funciona bajo presión.
Esto no significa que cada empresa deba convertirse en proveedora de servicios sanitarios, ni que Recursos Humanos tenga que investigar diagnósticos individuales. La responsabilidad empresarial tiene límites claros. Lo razonable es reconocer el acceso efectivo a la salud como una condición que influye en la resiliencia organizacional y, a partir de ahí, revisar decisiones que sí están bajo control corporativo: calidad de proveedores contratados, claridad en los mecanismos de orientación, tiempos administrativos, alternativas de atención y comunicación preventiva.
Finanzas, Compras, Riesgos y Capital Humano deberían poder conversar sobre estas variables con un lenguaje compartido. No para reducir a las personas a indicadores, sino para determinar si las inversiones en bienestar realmente reducen vulnerabilidades. Una política responsable puede evaluar tendencias agregadas de ausentismo y reincorporación, sin invadir la privacidad clínica, y detectar obstáculos recurrentes en el uso de las prestaciones. También puede fortalecer la debida diligencia cuando la compañía adquiere insumos médicos o contrata intermediarios de salud.
Existe, además, una dimensión de confianza. En una economía donde las organizaciones exigen trazabilidad a sus proveedores, resulta incongruente tratar la integridad de los productos sanitarios como una preocupación marginal. La calidad de una cadena de suministro no se define únicamente por entregar a tiempo, sino por garantizar que aquello que llega conserva las condiciones necesarias para cumplir su propósito. En materia de salud, esa exigencia es inseparable de la seguridad de las personas.
El diálogo abierto por especialistas del ecosistema de salud merece, por tanto, una segunda conversación en el mundo corporativo. Las instituciones sanitarias pueden advertir sobre el acceso y la seguridad de los tratamientos; los líderes empresariales deben preguntarse cómo se reflejan esas barreras en la sostenibilidad de sus operaciones y qué decisiones pueden tomar sin invadir responsabilidades ajenas. Se trata de ampliar la mirada, no de desplazar la responsabilidad de las autoridades ni de atribuir a los empleadores problemas estructurales que no pueden resolver solos.
Una organización verdaderamente resiliente no es la que declara que las personas son su activo más importante, sino la que identifica las condiciones concretas que permiten sostener su capacidad de trabajar, recuperarse y desarrollarse. El acceso oportuno y seguro a la salud pertenece a esa arquitectura. No como un argumento para vigilar la enfermedad, sino como una invitación a diseñar mejores respuestas.
Porque el riesgo no empieza necesariamente cuando un colaborador falta. Puede comenzar mucho antes, cuando recuperar la salud depende de un acceso incierto. Y aquello que todavía no aparece en el tablero de la alta dirección no deja, por eso, de comprometer la continuidad del negocio.
