Por Janette Rodríguez
CEO de DIA1 y Executive Director de la Cámara de Comercio México–Estados Unidos, Capítulo Aguascalientes. Especialista en liderazgo, toma de decisiones y sostenibilidad organizacional.
Deuda, costo financiero e inversión importan por su capacidad para resolver restricciones y elevar productividad en los territorios.
Un país no compite solamente por su ubicación, su mano de obra o sus tratados comerciales. Compite también por la calidad con la que convierte recursos públicos en capacidad productiva.
Esa es la discusión más importante detrás del Paquete Económico 2027.
Hacienda propone Requerimientos Financieros del Sector Público equivalentes a 3.9 por ciento del PIB y un Saldo Histórico de los RFSP cercano a 55 por ciento del PIB. Al mismo tiempo, el Proyecto de Presupuesto plantea inversión física equivalente a 2.6 por ciento del PIB y un costo financiero de la deuda alrededor de 4 por ciento del PIB. Ninguna de estas cifras, observada de manera aislada, explica si el país está construyendo o consumiendo capacidad futura.
La pregunta correcta es qué rendimiento económico y territorial produce cada peso financiado.
La deuda no es necesariamente un problema cuando permite construir activos que elevan productividad, amplían infraestructura o fortalecen la capacidad de generar ingresos. El problema aparece cuando el costo financiero crece mientras la inversión no produce suficiente capacidad adicional para sostener el siguiente ciclo.
Por eso la conversación fiscal debe salir de la contabilidad pública y entrar al terreno de la competitividad.
Una carretera puede reducir costos logísticos durante décadas. Una red de transmisión eléctrica puede habilitar inversiones que antes no cabían físicamente en una región. Una obra hidráulica puede ampliar la frontera productiva de una ciudad. Un puerto, un ferrocarril o un nodo digital pueden integrar proveedores que antes estaban fuera de una cadena. En esos casos, el gasto público no solamente consume presupuesto: modifica el potencial económico del territorio.
Pero la relación no es automática.
Una obra puede ser relevante políticamente y tener poco efecto productivo. Puede construirse infraestructura sin conexión con las vocaciones económicas locales. Puede existir capacidad física sin talento, proveedores o regulación que permitan aprovecharla. También puede ocurrir lo contrario: empresas preparadas, demanda e inversión privada disponibles, pero sin agua, energía, movilidad o seguridad suficientes para expandirse.
Ahí es donde la arquitectura de territorio se vuelve una herramienta de análisis.
Un territorio competitivo no es una suma de proyectos. Es un sistema en el que infraestructura, instituciones, empresas, capital humano, recursos naturales y decisiones públicas se conectan con una lógica productiva. Su calidad se mide por la capacidad de reducir fricciones y multiplicar inversiones, no por la cantidad de anuncios.
El Paquete Económico 2027 debe leerse bajo esa lógica.
El gobierno prevé un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento. Es una expectativa moderada y menor a la contemplada en los Pre-Criterios de abril. Con ese ritmo, México tendrá menos espacio para confiar en que el crecimiento por sí solo diluya las presiones fiscales. La productividad de la inversión se vuelve entonces más importante.
También se proyecta una recaudación tributaria cercana a 6.26 billones de pesos, equivalente a 15.9 por ciento del PIB. El objetivo supone un crecimiento real de 5.9 por ciento respecto del cierre estimado de 2026 y se acompaña de propuestas para fortalecer la base gravable y la fiscalización sin elevar las tasas generales del ISR o del IVA.
Ese esfuerzo puede fortalecer los ingresos públicos, pero también eleva la responsabilidad sobre el gasto. Si se exige mayor capacidad contributiva a la economía formal, la conversación sobre el destino de esos recursos debe ser igualmente rigurosa. Competitividad no significa gastar menos por principio; significa asignar mejor, ejecutar a tiempo y medir si la inversión elimina restricciones que afectan producción, empleo e inversión privada.
La arquitectura de territorio permite hacer esa evaluación con mayor precisión.
Antes de decidir dónde invertir, una empresa compara variables que rara vez pertenecen a una sola institución: costo y disponibilidad de energía, agua, logística, conectividad, talento, seguridad, vivienda, suelo, tiempos regulatorios y acceso a proveedores. El inversionista observa el sistema completo, aunque el gobierno esté organizado por dependencias separadas.
Ese desajuste importa.
Un estado puede tener una excelente política de promoción económica y perder una inversión por falta de capacidad eléctrica. Puede tener parques industriales disponibles y enfrentar restricciones hídricas. Puede graduar miles de jóvenes y no contar con los perfiles técnicos que requieren nuevas plantas. Puede anunciar infraestructura mientras los permisos locales ralentizan la ejecución.
La competitividad territorial aparece precisamente en las intersecciones.
Por eso, el presupuesto debería ayudar a construir mapas de restricciones productivas. No solamente una lista de obras, sino una lectura de dónde se pierde capacidad económica y qué inversión pública o mixta puede recuperarla. Esa lógica permite priorizar proyectos por impacto sistémico y no únicamente por monto.
México conserva ventajas estructurales relevantes.
Pero las ventajas heredadas no garantizan las decisiones futuras.
El capital compara.
Y en esa comparación, la estabilidad fiscal forma parte de la infraestructura invisible de un territorio. Un país con finanzas públicas previsibles puede sostener inversión, mantener acceso a financiamiento y responder mejor a choques. Un país con menor margen fiscal enfrenta decisiones más difíciles cuando coinciden desaceleración, necesidades sociales y demandas de infraestructura.
El Paquete Económico propone una consolidación gradual: reducir el déficit amplio a 3.9 por ciento del PIB mientras se preserva inversión y se fortalece la recaudación. La ecuación es posible, pero exige ejecución. Si el crecimiento queda por debajo de lo previsto, si los ingresos no alcanzan la meta o si la inversión se retrasa, el margen se estrecha. Si los proyectos elevan productividad y detonan capital privado, el efecto puede ser distinto.
Ese es el punto central.
La deuda pública debe analizarse junto con los activos que ayuda a crear. La recaudación, junto con la capacidad productiva que financia. La infraestructura, junto con las restricciones territoriales que resuelve. Y el crecimiento, junto con la calidad de las conexiones que permiten sostenerlo.
México no necesita únicamente un presupuesto que cierre aritméticamente. Necesita un presupuesto que aumente capacidad. Cuando el gasto público fortalece la arquitectura de territorio, cada peso puede producir más que una obra: puede reducir fricciones, atraer inversión, integrar empresas locales y ampliar posibilidades futuras.
Ese rendimiento, más que el tamaño del presupuesto, será una de las verdaderas pruebas económicas de 2027.
