Por MUNDO EMPRESARIAL
El Paquete Económico 2027, presentado el 8 de septiembre, cumple una promesa que el sector empresarial reconoce: no crea impuestos ni sube tasas. Pero la tasa es solo la mitad de la ecuación; la otra es la base sobre la que se calcula el impuesto, y ahí está el cambio más profundo en años para las empresas medianas y grandes.
La iniciativa establece que las personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos solo podrán deducir hasta el 96.67% de esos ingresos, o el 99% de sus deducciones cuando estas sean menores a ese umbral. En los hechos, impone un margen mínimo de utilidad fiscal, sin importar el margen real del negocio.
Un ejemplo lo ilustra. Una distribuidora que factura 100 millones de pesos y tiene gastos comprobados por 98 millones gana 2 millones y hoy paga 600 mil pesos de ISR. Con la reforma, su utilidad fiscal subiría a 3.33 millones y su impuesto a casi un millón: dos terceras partes más, equivalentes a la mitad de lo que realmente ganó.
Lo no deducido podría aplicarse en los 20 años siguientes, pero sujeto al mismo tope, por lo que en negocios de márgenes estrechos, como la distribución y el comercio, podría no recuperarse nunca. A ello se suman el límite al uso de pérdidas fiscales a la mitad de la utilidad, la reducción del techo para deducir intereses de 30% a 20% y pagos provisionales más altos desde enero.
El propósito declarado es combatir a las factureras y los esquemas simulados, un objetivo que compartimos. El problema es el instrumento: una regla general que alcanza a todas las empresas en el supuesto, aunque sus gastos estén plenamente soportados. Lo que hace falta es ejecutar el combate contra quien simula, no sustituirlo con fórmulas que terminan pagando quienes sí cumplen.
El contexto explica la urgencia. Hacienda proyecta una recaudación récord de 15.9% del PIB, con una deuda pública de 55% del PIB, la más alta desde 1990, y un costo financiero de 1.57 billones de pesos. Pero exprimir la liquidez de las empresas formales en un entorno de baja inversión pone en riesgo el crecimiento del que dependen esas metas. Por ello, desde COPARMEX proponemos además un Consejo Fiscal Independiente que evalúe con rigor técnico los supuestos del presupuesto.
La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos. Es tiempo suficiente para corregir. México necesita más recaudación, sí; pero de más contribuyentes, no más cara para los mismos.
