Por Armando Zúñiga Salinas
Presidente de Grupo IPS | Presidente de ASUME | Vicepresidente Nacional de Comunicación COPARMEX | Consejero Nacional del CCE y CONCAMIN
La extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana. No sólo afecta el patrimonio de las personas y la viabilidad de las empresas, particularmente de las pequeñas y medianas, sino que también erosiona la confianza social, inhibe la inversión y debilita el tejido comunitario.
En este contexto, la firma del Pacto Contra la Extorsión en la Ciudad de México representa un paso firme y esperanzador en la construcción de una estrategia integral para enfrentar este fenómeno. La iniciativa, encabezada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, destaca por su enfoque incluyente y por reconocer que la seguridad no puede ser responsabilidad exclusiva del gobierno, sino una tarea compartida entre todos los sectores de la sociedad.
Un modelo de corresponsabilidad social
Uno de los aspectos más relevantes del pacto es la incorporación activa de empresarios, académicos, organizaciones civiles, comunidad eclesiástica y ciudadanía. Este enfoque de corresponsabilidad fortalece la legitimidad de la estrategia y permite construir soluciones más eficaces y sostenibles.
La participación del sector empresarial es particularmente significativa. Las empresas no sólo son víctimas recurrentes de la extorsión, sino también aliados estratégicos en la prevención y denuncia de este delito. Su inclusión en el diseño e implementación de políticas públicas envía un mensaje claro: la seguridad es un bien común que requiere la suma de voluntades.
Cinco acciones clave para un combate integral
El pacto establece medidas concretas que reflejan una visión integral del problema:
1. Consolidación del marco normativo, armonizando la legislación local con la federal y proponiendo la creación del tipo penal de hostigamiento coercitivo, lo que permitirá ampliar las herramientas jurídicas para sancionar nuevas modalidades de extorsión.
2. Creación de redes vecinales, empresariales y comerciales, fundamentales para la prevención y la generación de confianza.
3. Establecimiento de un Centro de Atención Inmediata Contra la Extorsión, que facilitará la denuncia y brindará atención oportuna a las víctimas.
4. Incorporación de inteligencia e investigaciones patrimoniales y financieras, elemento clave para desarticular las estructuras criminales.
5. Desarrollo de un sistema robusto de atención y protección a víctimas, denunciantes y testigos, indispensable para romper el ciclo de impunidad.
La extorsión: un desafío económico y social
De acuerdo con diversos análisis, la extorsión es uno de los delitos con mayor impacto económico y social en México. Sus efectos van más allá de la pérdida financiera: genera miedo, limita el crecimiento empresarial y afecta la competitividad del país. Para muchas pequeñas y medianas empresas, este delito representa incluso la diferencia entre operar o cerrar definitivamente.
Por ello, el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México resulta fundamental, ya que fortalece la coordinación interinstitucional y garantiza que los esfuerzos locales se alineen con una estrategia nacional.
Hacia un nuevo paradigma de seguridad
El Pacto Contra la Extorsión simboliza un cambio de paradigma: pasar de acciones aisladas a una estrategia basada en la colaboración, la inteligencia y la prevención. Este modelo reconoce que la seguridad se construye desde la confianza y la participación social.
Como representante del sector empresarial y de la industria de la seguridad privada, celebro esta iniciativa y reitero la disposición de sumar experiencia, conocimiento y capacidades tecnológicas para fortalecer las acciones emprendidas. La seguridad es un pilar del desarrollo económico y del bienestar social; sin ella, no puede haber inversión, crecimiento ni prosperidad.
La firma de este pacto envía un mensaje contundente: cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, es posible enfrentar con mayor eficacia los desafíos que amenazan nuestra convivencia. La extorsión no debe ser vista como una realidad inevitable, sino como un problema que puede y debe ser erradicado mediante la acción colectiva.
Hoy, la Ciudad de México da un paso decisivo hacia la construcción de una sociedad más segura, justa y en paz. El reto ahora es mantener la coordinación, garantizar resultados y consolidar este esfuerzo como un modelo replicable en todo el país.
Porque la seguridad no es sólo una responsabilidad institucional, sino un compromiso compartido con el futuro de México.
