Por Juan Carlos Abreu y Abreu, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México
El panorama económico global se enfrenta a un viejo fantasma que muchos creían confinado a los libros de historia: la estanflación. Para el empresariado y la sociedad mexicana, comprender este fenómeno no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad urgente para descifrar un entorno de negocios cada vez más volátil y complejo.
El término estanflación —un neologismo que fusiona «estancamiento» e «inflación»— fue acuñado en 1965 por el ministro de Finanzas británico, Ian Macleod, y cobró relevancia mundial durante la crisis petrolera de los setenta. Rompe con la lógica económica tradicional que dicta que los precios bajan cuando la economía se enfría. En una estanflación, la actividad productiva se paraliza y el desempleo aumenta, pero, al mismo tiempo, el costo de la vida sigue subiendo descontroladamente. Es un escenario de parálisis asfixiante.
En el modelo económico actual, fuertemente interconectado, el origen de este fenómeno suele encontrarse en los llamados «shocks de oferta». Cuando los costos de insumos críticos como la energía, los microchips o el transporte marítimo se disparan a nivel global, las empresas se ven obligadas a subir sus precios para sobrevivir, incluso si el consumo interno es débil. Los bancos centrales quedan entonces atrapados en un dilema: si suben las tasas de interés para frenar la inflación, encarecen el crédito y ahogan el ya débil crecimiento; si las bajan para estimular la economía, alimentan el fuego inflacionario.
México no es una isla, y su condición de economía abierta y profundamente integrada a las cadenas de valor norteamericanas lo vuelve sumamente vulnerable. Sin embargo, el análisis crítico de nuestra realidad exige ver más allá de las fronteras. El debilitamiento del multilateralismo y las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han dado paso a una era de nacionalismo económico y políticas proteccionistas. Hoy en día, las disputas comerciales y prácticas como el dumping (vender por debajo del costo real para desplazar competidores) distorsionan los precios internacionales y desestabilizan a las industrias locales.
A nivel interno, elementos políticos y sociales han exacerbado esta fragilidad. En los últimos años, la incertidumbre jurídica en sectores clave como el energético ha frenado la inversión privada de largo plazo, el verdadero motor del crecimiento. Sin inversión, la capacidad productiva del país se estanca. Si a esto le sumamos una política social basada en transferencias directas de efectivo que estimula el consumo a corto plazo, pero sin un aumento equivalente en la oferta de bienes y servicios nacionales, el resultado es una presión inflacionaria interna difícil de contener.
Las consecuencias de la estanflación son severas. Para las empresas, se traduce en una erosión de los márgenes de ganancia, dificultades para planear a mediano plazo y una contracción del mercado. Para la sociedad, significa la pérdida del poder adquisitivo y un aumento de la informalidad laboral, lo que ensancha las brechas de desigualdad.
No obstante, la prospectiva para México no tiene por qué ser fatalista. El escenario actual impone una ventana de oportunidad histórica si se actúa con pragmatismo. La reconfiguración del comercio global y la tendencia del nearshoring (relocalización de cadenas de suministro) ofrecen a México la oportunidad única de atraer capitales que buscan salir de Asia.
Para capitalizarlo y romper el ciclo de la estanflación, la política pública y el sector empresarial deben alinearse. Se requiere recuperar la certidumbre de los inversionistas mediante un Estado de derecho sólido, diversificar la matriz energética hacia fuentes más competitivas y diseñar políticas fiscales que incentiven la productividad real, no solo el consumo. El laberinto de la estanflación es complejo, pero la salida para México radica en transformarse, de una vez por todas, en un polo de producción de alto valor agregado y un puerto seguro para la inversión global.
