La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales forma parte de una transformación estructural del mundo del trabajo en México y no de una medida aislada, afirmó Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), durante un encuentro con representantes del sector de la seguridad privada.
Ante empresarios y dirigentes del sector, el funcionario explicó los alcances de la reforma y destacó que el proceso de implementación será gradual, permitiendo a las empresas adaptarse de manera escalonada hasta 2030.
Salafranca señaló que la reducción de la jornada laboral se inscribe dentro de una serie de reformas impulsadas en los últimos años para mejorar las condiciones laborales en el país, entre ellas el incremento sostenido del salario mínimo, la ampliación de las vacaciones, la regulación de la subcontratación, la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social y nuevas medidas para combatir la informalidad laboral.
“El objetivo es construir un modelo de desarrollo más competitivo, pero también más justo, donde el crecimiento económico no dependa de salarios bajos y jornadas excesivas de trabajo”, explicó.
Durante su intervención, recordó que México permaneció durante décadas con estándares laborales rezagados respecto a otras economías. Mientras diversos países avanzaron hacia jornadas de 40 horas desde hace años, en México el tema permaneció prácticamente sin cambios desde la Constitución de 1917.
El funcionario precisó que la reforma contempla una implementación progresiva. En 2026 únicamente entrará en vigor la limitación de las horas extraordinarias triples a un máximo de cuatro horas. Posteriormente, la jornada semanal se reducirá gradualmente hasta alcanzar las 40 horas en 2030.
De acuerdo con el esquema presentado, en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44 horas; en 2029, de 42 horas; y finalmente en 2030 se llegará a las 40 horas semanales.
Asimismo, explicó que la nueva legislación mantiene márgenes de flexibilidad para la organización del trabajo. La jornada ordinaria diaria continuará siendo de ocho horas, aunque podrán establecerse esquemas intensivos de hasta 12 horas por día, siempre respetando los límites máximos establecidos por la ley y los periodos de descanso correspondientes.
Uno de los cambios más relevantes será la obligatoriedad de contar con sistemas electrónicos para el control del tiempo de trabajo. Esta medida permitirá verificar el cumplimiento de horarios, el pago de horas extraordinarias y fortalecer la supervisión laboral mediante mecanismos digitales, sin necesidad de inspecciones presenciales constantes.
Respecto a las preocupaciones expresadas por representantes de la seguridad privada, quienes advirtieron sobre los retos operativos, financieros y logísticos que implica la reforma para una industria intensiva en mano de obra, Salafranca reconoció las particularidades del sector y aseguró que la Secretaría mantiene abiertas mesas permanentes de diálogo.
Indicó que la dependencia ya analiza propuestas específicas presentadas por organizaciones empresariales para diseñar esquemas que permitan la adaptación de la industria dentro del nuevo marco legal.
“El sector ha optado por plantear soluciones y no por solicitar exclusiones de la ley. Esa disposición ha sido muy importante para construir alternativas viables”, señaló.
El funcionario reconoció que la seguridad privada opera actualmente bajo esquemas laborales de alta intensidad y que la transición requerirá cambios profundos en la organización del trabajo. Sin embargo, enfatizó que la reforma no contempla excepciones que permitan mantener jornadas excesivas, sino mecanismos para adecuar la operación de cada actividad económica dentro de los nuevos límites legales.
En ese sentido, adelantó que la STPS continuará evaluando posibles ajustes regulatorios o disposiciones específicas para sectores con características particulares, siempre bajo el principio de garantizar trabajo digno y proteger los derechos laborales.
Finalmente, Salafranca reiteró que la dependencia comprende los desafíos que enfrenta la industria de la seguridad privada y se comprometió a mantener un diálogo abierto durante todo el periodo de transición.
“Entendemos las dificultades y las particularidades del sector. Tenemos tres años para construir soluciones y encontrar la forma de implementar esta reforma. Lo que es un hecho es que el modelo laboral tendrá que evolucionar para ajustarse a las nuevas condiciones”, concluyó.
