Juan Carlos Abreu y Abreu, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México.
La segunda ronda de negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se cifra en un entorno internacional caracterizado por la progresiva erosión del multilateralismo y el resurgimiento de políticas comerciales proteccionistas y, por ello, enfrenta una fase de redefinición crítica. La renegociación del instrumento no ocurre en el vacío, sino en un contexto donde la política comercial estadounidense ha privilegiado medidas unilaterales, como la imposición de aranceles y el uso estratégico del denominado trade war, entendido como la instrumentalización del comercio con fines geopolíticos.
Uno de los principales retos para México radica en la asimetría estructural de la relación bilateral. Estados Unidos, bajo administraciones recientes —incluida la de Donald Trump y sus continuidades doctrinales— ha mostrado una tendencia consistente hacia la protección de su planta industrial, particularmente en sectores estratégicos como el automotriz, el acero y los semiconductores. Esto implica que México deberá negociar en condiciones donde los incentivos estadounidenses no están alineados con la liberalización comercial clásica, sino con la relocalización productiva (reshoring) y la seguridad económica nacional.
En este escenario, las expectativas para México se sitúan en una doble dimensión. Por un lado, existe la posibilidad de consolidar su posición como socio preferente dentro de las cadenas de suministro regionales, especialmente bajo la lógica del nearshoring, que busca acercar la producción a territorio norteamericano. Esta tendencia podría traducirse en mayores flujos de inversión extranjera directa, transferencia tecnológica y generación de empleo. Por otro lado, dichas expectativas dependen de la capacidad del país para ofrecer certidumbre jurídica, infraestructura competitiva y condiciones regulatorias estables.
Sin embargo, los riesgos asociados a esta renegociación son significativos. El primero de ellos es la potencial imposición de nuevas barreras no arancelarias, disfrazadas de estándares laborales, ambientales o de seguridad nacional, que podrían limitar el acceso de productos mexicanos al mercado estadounidense. Asimismo, existe el riesgo de que se profundicen las cláusulas de contenido regional, lo que obligaría a México a reconfigurar sus cadenas de suministro con costos adicionales.
Otro riesgo relevante es la volatilidad política. La política comercial estadounidense ha demostrado ser altamente sensible a ciclos electorales y presiones internas, lo que introduce un elemento de incertidumbre estructural. En este sentido, la debilitación de organismos como la Organización Mundial del Comercio reduce los mecanismos multilaterales de resolución de controversias, dejando a México con menos herramientas institucionales para defender sus intereses.
Las implicaciones para México trascienden el ámbito estrictamente comercial. Una renegociación en términos desfavorables podría impactar el crecimiento económico, la estabilidad del tipo de cambio y la confianza de los inversionistas. Sectores clave como el manufacturero, que representa una parte sustancial de las exportaciones mexicanas, serían particularmente vulnerables. Además, podrían generarse efectos indirectos en el empleo y en las finanzas públicas, especialmente si disminuyen los ingresos derivados del comercio exterior.
No obstante, también emergen oportunidades estratégicas. México puede aprovechar este contexto para diversificar sus relaciones comerciales y reducir su dependencia del mercado estadounidense, fortaleciendo vínculos con Europa, Asia y América Latina. Asimismo, la coyuntura ofrece un incentivo para impulsar políticas industriales propias, orientadas a la innovación, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento del mercado interno.
En términos de consecuencias de largo plazo, la renegociación del acuerdo comercial podría marcar un punto de inflexión en el modelo de inserción internacional de México. La transición de un esquema basado en la apertura irrestricta hacia uno más selectivo y estratégico implicaría redefinir prioridades económicas y políticas públicas. Esto exige una visión de Estado que articule intereses nacionales con las dinámicas globales.
En suma, México enfrenta un proceso complejo, donde los beneficios potenciales conviven con riesgos estructurales significativos. La clave estará en la capacidad de negociación, la solidez institucional y la claridad estratégica con la que el país aborde este nuevo capítulo en su relación económica con Estados Unidos. En un mundo donde el comercio ha dejado de ser un terreno neutral, adaptarse ya no es una opción, sino una necesidad.
