“El desafío no está en el objetivo de la reforma, sino en su implementación”. Armando Zúñiga Salinas
La industria de la seguridad privada abrió un espacio de diálogo con autoridades laborales federales para analizar los retos que implicará la implementación de la jornada laboral de 40 horas y la evolución de la política salarial en México, dos de las transformaciones más relevantes para el mercado laboral en las próximas décadas.
Convocados por ASUME, la cúpula nacional que representa a la industria de la seguridad privada, empresarios del sector sostuvieron un encuentro con Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y con Luis Felipe Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).
El encuentro fue encabezado por Armando Zúñiga Salinas, presidente de ASUME, presidente de Grupo IPS y vicepresidente nacional de Comunicación de COPARMEX, quien destacó la importancia de construir una transición ordenada que permita mejorar las condiciones laborales sin comprometer la operación de sectores estratégicos para la economía nacional.
«El desafío no está en el objetivo de la reforma, sino en su implementación», señaló Zúñiga Salinas al referirse a la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
La seguridad privada frente a una reforma histórica
Durante su intervención, el dirigente empresarial recordó que la seguridad privada representa uno de los sectores más relevantes para la actividad económica nacional al generar aproximadamente 800 mil empleos formales y operar de manera permanente en instalaciones estratégicas, hospitales, aeropuertos, puertos, centros logísticos, plantas industriales, corporativos y zonas residenciales.
A diferencia de otras actividades productivas que pueden reorganizar horarios o suspender operaciones durante determinados periodos, explicó, la seguridad requiere cobertura continua las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Por ello, advirtió que la implementación de la jornada de 40 horas plantea desafíos importantes para la industria, particularmente en materia de disponibilidad de talento, incremento de costos operativos y mantenimiento de la competitividad empresarial.
Entre las principales preocupaciones destacó la necesidad de incorporar decenas de miles de nuevos elementos para cubrir los servicios actuales, así como la obligación de rediseñar modelos operativos completos para adaptarse a los nuevos esquemas laborales.
Alejandro Salafranca: una transición gradual y con diálogo permanente
Uno de los momentos centrales del encuentro fue la participación de Alejandro Salafranca Vázquez, quien explicó que la reforma de las 40 horas forma parte de una transformación eztructural del mundo laboral mexicano y no de una medida aislada.
El funcionario detalló que la implementación será gradual hasta 2030, permitiendo que las empresas cuenten con tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas disposiciones.
De acuerdo con el esquema presentado, en 2026 entrará en vigor la limitación de las horas extraordinarias triples; posteriormente la jornada semanal se reducirá progresivamente a 46 horas en 2027, 44 horas en 2028, 42 horas en 2029 y finalmente 40 horas en 2030.
Salafranca destacó que la legislación contempla mecanismos de flexibilidad para la organización del trabajo, incluyendo jornadas intensivas y esquemas adaptados a distintas actividades económicas, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
Asimismo, reconoció que la seguridad privada posee características operativas particulares y confirmó que la STPS mantiene mesas permanentes de trabajo con el sector para construir soluciones específicas.
«Tenemos tres años para construir soluciones y encontrar la forma de implementar esta reforma. Lo que es un hecho es que el modelo laboral tendrá que evolucionar para ajustarse a las nuevas condiciones», afirmó.
Luis Felipe Munguía: la ruta del salario mínimo ya está definida hacia 2030
Otro de los mensajes más relevantes provino de Luis Felipe Munguía Corella, quien presentó la evolución de la política salarial mexicana y explicó los objetivos que guiarán los incrementos al salario mínimo durante los próximos años.
El presidente de la CONASAMI recordó que, desde 2019, el salario mínimo ha registrado una recuperación histórica de 152% en términos reales a nivel nacional y superiores al 250% en la Zona Libre de la Frontera Norte.
Sin embargo, precisó que la política salarial ha entrado en una nueva etapa caracterizada por incrementos más moderados y técnicamente sustentados, tomando en cuenta variables como inflación, productividad, empleo y competitividad.
Munguía explicó que la meta establecida por el Gobierno federal consiste en que para 2030 el salario mínimo alcance un nivel equivalente a 2.5 canastas básicas, con el propósito de que las familias trabajadoras superen de manera sostenible la línea de pobreza y cuenten con un margen adicional de protección económica.
El funcionario destacó que esta hoja de ruta ofrece certidumbre a las empresas, ya que les permite anticipar la evolución de los costos laborales y planificar con mayor precisión sus estrategias de crecimiento e inversión.
Tecnología, productividad y competitividad
Durante el encuentro, Armando Zúñiga subrayó que la adaptación de la industria no dependerá únicamente de ajustes normativos, sino también de una acelerada transformación tecnológica.
En ese sentido, señaló que herramientas como inteligencia artificial, videovigilancia inteligente, analítica de datos, monitoreo remoto, automatización y robótica serán fundamentales para incrementar la productividad del sector y compensar los efectos derivados de la reducción de la jornada laboral.
Destacó que estas tecnologías no buscan sustituir a los trabajadores, sino potenciar sus capacidades y elevar los estándares de protección que demanda el país.
Una conversación que apenas comienza
Los participantes coincidieron en que México necesita avanzar hacia mejores condiciones laborales sin perder competitividad, fortaleciendo simultáneamente la generación de empleo formal, la productividad y la atracción de inversiones.
La apertura mostrada por las autoridades laborales para escuchar las preocupaciones de la iniciativa privada fue reconocida por los representantes del sector, quienes reiteraron su disposición para participar activamente en la construcción de mecanismos que permitan una implementación ordenada de las reformas.
Para la industria de la seguridad privada, el reto será encontrar el equilibrio entre garantizar los derechos laborales de sus trabajadores y mantener la continuidad de un servicio esencial para la operación de miles de empresas y para la protección de millones de mexicanos.
Con la ruta hacia las 40 horas y la recuperación salarial ya definidas, la conversación entre autoridades y sector productivo apenas comienza, pero será determinante para configurar el futuro del trabajo en México durante la próxima década.
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